La campaña de inspección del chárter náutico impulsada por el Govern balear ha reabierto el debate sobre la seguridad jurídica que afronta una parte del sector en las islas. La Asociación de Pymes de Actividades Náuticas de las Islas Baleares (APANIB), que agrupa a más de un centenar de empresas, ha reclamado a la Administración autonómica que aplique criterios de prudencia mientras permanecen pendientes diversos procedimientos judiciales relacionados con la normativa que regula la actividad.
La organización empresarial considera que la actual ofensiva inspectora coincide con un momento de elevada incertidumbre regulatoria, ya que varios aspectos del decreto autonómico que regula el chárter náutico han sido recurridos ante los tribunales y cuestionados por organismos estatales.
Según la patronal, el riesgo reside en que algunas sanciones puedan apoyarse en requisitos cuya validez jurídica todavía está siendo analizada. APANIB recuerda que actualmente existen seis recursos contencioso-administrativos en marcha, entre ellos algunos promovidos por la Dirección General de la Marina Mercante y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Desde la asociación advierten de que una eventual anulación futura de determinados preceptos podría abrir la puerta a revisiones de expedientes sancionadores e incluso a reclamaciones patrimoniales contra la Administración.
El debate llega en un momento especialmente relevante para la economía azul balear. El chárter náutico constituye una actividad con fuerte peso turístico y empresarial en las islas, especialmente durante los meses de verano, cuando cientos de embarcaciones operan en aguas del archipiélago.
Más allá de la controversia jurídica, APANIB cuestiona también la orientación de la campaña de vigilancia. La asociación sostiene que una parte importante de los recursos de inspección se están concentrando sobre empresas legalmente constituidas y registradas, mientras que el principal problema del sector continúa siendo, a su juicio, la actividad clandestina desarrollada por particulares que utilizan embarcaciones privadas para ofrecer servicios de alquiler sin las autorizaciones correspondientes.
La patronal alerta de que una excesiva focalización sobre los operadores regulados podría acabar generando un efecto contraproducente, al reducir la presión sobre quienes operan fuera del marco legal y sin cumplir las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad exigidas al sector profesional.
En este contexto, las empresas reclaman una mayor coordinación entre el Govern balear, la Guardia Civil y la Dirección General de la Marina Mercante para perseguir el denominado "chárter pirata", una práctica que lleva años siendo denunciada por las organizaciones empresariales del sector.
Pese a sus críticas, APANIB asegura compartir los objetivos de control, seguridad marítima y protección medioambiental que persigue la Administración. No obstante, defiende que la lucha contra el intrusismo debe compatibilizarse con la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica de las empresas que operan dentro de la legalidad.
La controversia refleja un debate de fondo que trasciende la actual campaña de inspecciones: cómo equilibrar la vigilancia de una actividad económica estratégica para Baleares con la necesidad de ofrecer un marco regulatorio estable en uno de los sectores más relevantes de la economía marítima del archipiélago.
