El equipo de Gobierno de Palma ha señalado que la aportación estatal destinada a Baleares en los últimos dos años, de 18 millones de euros, no alcanza para cubrir el coste total de la gratuidad del transporte público en la ciudad. Según el Ajuntament, sería necesario incrementar esta cifra hasta los 25 millones de euros anuales para afrontar los gastos derivados de un servicio que ha experimentado un notable aumento de usuarios.
Mientras que en 2019 el número de pasajeros se situó en 43 millones, para 2024 se estima que esta cifra supere los 60 millones, reflejando el éxito de la gratuidad, pero también la creciente presión financiera sobre el sistema.
Críticas al Gobierno central
El Ajuntament ha criticado duramente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, calificando su decisión de prorrogar la gratuidad como "oportunista" y "unilateral". Además, ha denunciado que, a pocos días de finalizar 2024, no se ha recibido ni un euro de la bonificación correspondiente a este año, lo que ha obligado a la EMT a recurrir a un crédito extraordinario de 15 millones para cubrir su déficit.
El concejal de Movilidad, Antonio Deudero, ha subrayado que estas decisiones afectan gravemente la capacidad del Consistorio para planificar y mejorar el transporte público. "Necesitamos una gratuidad que sea real y sostenible, sin perjuicios financieros para los ciudadanos ni compromisos en la calidad del servicio", ha declarado.
El déficit generado por la gratuidad condiciona la capacidad de la EMT para garantizar un servicio de calidad y acometer mejoras fundamentales, como la recuperación de líneas emblemáticas como la 15 y la 20, y la optimización de la línea 19.
El Ajuntament también ha advertido que, de no aumentar la aportación estatal, el déficit podría seguir creciendo en 2025, poniendo en riesgo la sostenibilidad del servicio.
Exigencias al Gobierno central
Ante este panorama, Palma ha exigido al Ejecutivo central que asuma la totalidad de los costes derivados de la gratuidad y active las líneas de ayuda necesarias para mejorar la calidad del transporte público.
"Las decisiones poco planificadas del Gobierno central están condicionando la política de movilidad de Palma, con repercusiones negativas tanto para los ciudadanos como para los trabajadores de la EMT", ha afirmado Deudero.
El Consistorio ha reiterado su compromiso con un transporte público accesible y eficiente, pero ha advertido que seguirá presionando para garantizar una financiación justa que permita mantener y mejorar el servicio sin comprometer la estabilidad financiera de la ciudad.
