El Ayuntamiento de Santanyí ha aprobado, en la sesión plenaria del mes de febrero, una propuesta de resolución para la erradicación de la ocupación ilegal de viviendas, la defensa de la propiedad privada, la seguridad y la convivencia vecinal. La iniciativa, presentada por el equipo de gobierno municipal, ha recibido el apoyo del pleno e insta al Gobierno de España a tomar medidas urgentes para hacer frente a esta problemática.
La resolución destaca el incremento de la ocupación ilegal en las Islas Baleares, afectando tanto a ciudades como a municipios más pequeños, y alerta sobre el peligro que supone para la convivencia vecinal y la seguridad ciudadana. Además, denuncia la actuación de máfias que se aprovechan de la situación para obtener beneficios ilegales, a menudo a través de alquileres irregulares de viviendas ocupadas.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Santanyí insta al Gobierno de España a desbloquear la tramitación de la Ley contra la ocupación ilegal de viviendas y a aprobar medidas como la recuperación inmediata de los inmuebles ocupados en un plazo máximo de 24 horas, el incremento de las penas para quienes ocupen ilegalmente viviendas o faciliten este tipo de actos, la anulación de la inscripción en el padrón municipal de cualquier ocupante ilegal y la posibilidad de que las comunidades de propietarios puedan actuar legalmente para defender la convivencia vecinal.
La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha subrayado la importancia de esta resolución en defensa de los derechos de la ciudadanía: “La propiedad privada debe protegerse y no puede quedar en manos de quienes vulneran la ley. La ocupación ilegal genera inseguridad y afecta a muchas familias, por eso exigimos soluciones reales y eficaces para erradicar este problema”.
El Ayuntamiento de Santanyí trasladará este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España y a la Presidencia del Congreso de los Diputados con el objetivo de que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y el derecho a la vivienda sin fomentar prácticas ilegales.
