La crisis de acceso a la vivienda en Baleares obligará a un esfuerzo económico inédito por parte del Govern. El Ejecutivo autonómico destinará 67,2 millones de euros de fondos propios al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, casi siete veces más que en el anterior programa, con el objetivo de movilizar un total de 168 millones de euros en políticas de vivienda durante los próximos años.
La cifra sitúa a Baleares entre las comunidades que más incrementan proporcionalmente su aportación autonómica al plan estatal, en un contexto marcado por la presión inmobiliaria, el encarecimiento del alquiler y la creciente dificultad de acceso a la vivienda para residentes y trabajadores.
El reparto fue aprobado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada en Madrid, donde el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, votó a favor “por responsabilidad”, aunque mostró fuertes críticas al diseño del programa impulsado por el Ministerio.
Según defendió el Govern, el incremento económico asumido por Baleares supera ampliamente el esfuerzo realizado por el Estado. Mientras la aportación estatal pasa de 34,6 a 100,8 millones de euros, la autonómica escala de 10,4 a 67,2 millones.
El Ejecutivo autonómico considera que esta inversión reforzará su propio plan de choque en materia de vivienda, puesto en marcha esta legislatura, y permitirá acelerar actuaciones vinculadas a promoción pública, ayudas y acceso residencial.
Sin embargo, el Govern mantiene un choque político abierto con el Ministerio de Vivienda por la forma en que se ha elaborado el nuevo plan estatal. Mateo criticó la “falta de negociación real” con las comunidades autónomas y denunció que el Gobierno central intenta “condicionar” políticas que son competencia autonómica.
Desde el Ejecutivo balear se reprocha además el retraso acumulado en la aprobación del programa, prevista inicialmente para el pasado año y finalmente validada por el Consejo de Ministros a finales de abril.
El conseller trasladó estas críticas directamente a la ministra Isabel Rodríguez durante la reunión sectorial, en la que también participó el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés.
Más allá del enfrentamiento institucional, el nuevo escenario evidencia un cambio de escala en el compromiso financiero del Govern con la vivienda, una de las principales preocupaciones económicas y sociales de Baleares. El archipiélago pasará de gestionar 45 millones en el anterior plan 2022-2025 a movilizar 168 millones hasta 2030, incluyendo un año adicional de vigencia.
La cuestión de fondo ahora será cómo se traducirá esa inversión en vivienda asequible real en unas islas donde el mercado continúa tensionado y donde administraciones y sector coinciden en que la falta de oferta sigue siendo el principal problema estructural.
