La Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares ha alertado de que más de 17.000 instalaciones fotovoltaicas en Baleares deberán someterse a revisión obligatoria a lo largo de este año para cumplir con la normativa vigente. El aviso llega tras el reciente comunicado de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, que ha reforzado la necesidad de estas inspecciones periódicas.
En concreto, el archipiélago cuenta con 17.479 instalaciones ejecutadas hasta 2023 que están sujetas a inspección por parte de técnicos cualificados, lo que supone un volumen relevante de actividad para el sector instalador y de servicios técnicos.
La normativa estatal, recogida en el Real Decreto 1699/2011, establece que las instalaciones de producción eléctrica de pequeña potencia deben revisarse al menos cada tres años. Esta obligación implica un coste recurrente para los titulares, pero también abre oportunidades económicas para empresas instaladoras, ingenierías y profesionales habilitados.
Desde ASINEM subrayan que estas revisiones no solo responden a una exigencia legal, sino que son clave para garantizar la seguridad, prevenir incidencias y prolongar la vida útil de las instalaciones, un aspecto especialmente relevante en un contexto de madurez creciente del autoconsumo energético en Baleares.
Llamamiento a los propietarios ante el crecimiento del autoconsumo
El presidente de ASINEM, Franco Mójer, ha destacado la importancia de la concienciación ciudadana: “La seguridad es clave. Hacemos un llamamiento a los titulares para que asuman un papel activo en el mantenimiento de sus instalaciones”.
El crecimiento sostenido del autoconsumo en las islas ha multiplicado el número de instalaciones en los últimos años, lo que incrementa también la responsabilidad de los usuarios en su correcto mantenimiento y en el cumplimiento de las obligaciones administrativas.
Requisitos técnicos y responsabilidades del titular
Los propietarios deben contratar la inspección con un técnico titulado y conservar el informe correspondiente, además de remitir copia a la Administración cuando sea requerido. En instalaciones de hasta 10 kW, la revisión puede ser realizada por un instalador autorizado, mientras que en potencias superiores es obligatoria la intervención de un ingeniero.
Asimismo, desde el sector asegurador se prevé un mayor control sobre los siniestros relacionados con instalaciones fotovoltaicas, vinculando la cobertura al cumplimiento de estas revisiones periódicas.
La obligación de revisar más de 17.000 instalaciones en un solo año evidencia la consolidación del mercado fotovoltaico balear y, al mismo tiempo, introduce nuevas exigencias regulatorias que tendrán un impacto directo tanto en los costes de mantenimiento como en la profesionalización del sector.
En este escenario, el cumplimiento normativo se perfila no solo como una obligación legal, sino como un elemento clave para garantizar la sostenibilidad y seguridad del modelo energético basado en renovables en Baleares.
