Así lo han explicado hoy la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, y el director general de Consumo, Fèlix Alonso, durante la reunión del Consejo de Consumo, órgano de participación, información, consulta y asesoramiento en materia de consumo y defensa del consumidor, en el que tienen voz las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales, además de las diversas administraciones.
En esta ocasión, además, ha participado el presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Ballester, el cual ha realizado una breve intervención sobre las perspectivas económicas para los próximos meses.
La consellera Gómez ha destacado que, dado el contexto nacional e internacional, la Dirección General de Consumo ha decidido redoblar su esfuerzo para vigilar aquellos aspectos que tienen un importante impacto en la economía de las familias y que son de su competencia.
Concretamente, lo hará en las áreas de la banca, donde vigilará posibles situaciones de falta de transparencia, cálculos incorrectos o aplicación del índice IRPH, entre otras; de los alimentos básicos, donde controlará que la calidad de los productos se ajuste a lo indicado en la etiqueta, y de la energía, donde inspeccionará para evitar la publicidad engañosa o las cláusulas abusivas.
La consellera Gómez ha destacado que los estilos de vida -incluida la alimentación-, la vivienda, la formación y educación son determinantes sociales de salud que impactan directamente sobre la calidad de vida de la población y, por lo tanto, es imprescindible que las instituciones, de forma conjunta y coordinada, velen para garantizar condiciones favorables para todos.
De hecho, entre los objetivos prioritarios a corto plazo continúa la ampliación del programa «Consum a ca teva» con los ayuntamientos, para promover la coordinación entre las dos administraciones para acercar la ventana única a la ciudadanía en materia de consumo y actualizar los conocimientos y competencias de los trabajadores de la Administración local para que puedan orientar a los usuarios de forma resolutiva.
También se continuará colaborando con los consejos insulares para llegar a las personas mayores, aumentar su autonomía personal en relación con el consumo y contribuir a reducir la brecha digital.
Otro objetivo prioritario es consolidar la administración electrónica de consumo y culminar la digitalización de los procedimientos de reclamaciones y solicitudes de arbitraje.
