martes. 29.11.2022

La encrucijada

Al inicio de una nueva ronda de consultas del monarca con los líderes de los partidos con representación parlamentaria y cuando todavía retumban la provocación de Pablo Iglesias tras su pasada audiencia con el Rey y los comentarios que provocó este pasado domingo la entrevista de Ana Pastor a un acorralado Íñigo Errejón, el Ibex 35 arranca la última semana de enero con impredecibles dientes de sierra. La volatilidad política de España desde el 20D solo es comparable con la que respira el parqué madrileño en un inicio de año no apto para cardiacos. La crisis china, la desconfianza en la sostenibilidad de la recuperación europea y la carrera a la baja del precio de los hidrocarburos están provocando nervios en los corrillos y una pérdida de capitalización superior a los 30.000 millones de euros en lo que va de año, a pesar de la aparente calma experimentada al cierre de la última sesión bursátil.


No es atribuible a la inseguridad política esta incertidumbre sin precedentes de nuestros indicadores de referencia, como sufren la mayor parte de plazas occidentales, porque los inversores no descuentan escenarios tan a largo plazo y la mayoría ilustrada confía en que se imponga la sensatez o la Unión Económica y Monetaria nos exija olvidar escenarios imposibles de afrontar en cualquier momento, pero más aún sin haber consolidado la recuperación económica y con la necesidad de renovar en 2016 la financiación de 400.000 millones de euros de nuestra deuda pública.

 

De hecho, según adelantaba El País, “vulnerabilidad” es la palabra clave del informe España 2016, que la Comisión Europea hará público en unas semanas. Bruselas constata que la economía se recupera, vuelve a crear empleo y sus numerosos puntos débiles mejoran paulatinamente, pero subraya los “enormes desequilibrios” que persisten, en particular los altos niveles de deuda -pública, privada y exterior- y paro.  Nadie duda, siquiera los economistas que asesoran a los apóstoles bolivarianos que la economía española empieza a cicatrizar sus heridas tras el rescate financiero de mediados de 2012, pero quedaría expuesta ante una nueva andanada de crisis, sin que pudiera adivinarse cuán profundo sería el abismo al que nos abocaría una expansión improductiva que no podamos costear con nuestros propios recursos.

 

Nadie puede saber si la intención oculta de Podemos y sus coaligados, que totalizan más de medio centenar de siglas distintas, es la de meter en un brete de tal magnitud al PSOE que no le quede más remedio que renunciar a las aspiraciones de “pilotar la nave del cambio”, forzándole a unir sus votos al PP o provocando el anticipo electoral. En ambos casos, la oposición en España ya tiene un nuevo jefe: “coleta morada”. El secretario general socialista se ha metido sin pretenderlo en el dilema de frenar las ínfulas de los antisistema y caer arrollado por sus correligionarios o aceptar el abrazo del oso que acabará devorándolo e él y arrastrándonos a todos al pozo sin fondo de su soberbia.

 

En el mes trascurrido desde que se celebraron las elecciones a Cortes y se recibió con algarabía la pluralidad surgida de las urnas, solo unos pocos iluminados anticiparon la situación a la que nos ha abocado la falta de responsabilidad y abnegación de la clase política. Ni siquiera es tan grave la posible fractura nacional, cuyo derecho de autodeterminación autonómico parece innegociable por una minoría imprescindible para que Pedro Sánchez sea investido como presidente del gobierno de lo que quede de España, como los riegos de dinamitar los avances obtenidos con gran esfuerzo social y sus consecuencias sobre la estructura económica del Estado. No hace falta ser meteorólogo para anticipar, por ejemplo, la intensidad de las tormentas que provocarán en el empleo los nubarrones que acompañarían la derogación de la Reforma Laboral de 2012. La pérdida de la flexibilidad actual, que algunos analistas coinciden en que debía seguir incrementándose, no sólo evitaría la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que anticipará los despidos para evitar el coste suplementario que se derivaría de la aplicación de indemnizaciones mayores o el regreso de los salarios de tramitación. Algo que la Unión Europea jamás aceptará en un escenario de desaceleración económica, ya que provocaría la necesidad de aumentar el déficit público y la incuestionable intervención de nuestra autonomía por la Troika, como le ha sucedido a Grecia y amenaza de nuevo a Portugal, aunque juntas no supongan la tercera parte de la influencia que tiene nuestra economía en la estabilidad de la eurozona.

 

 

 

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