PEl pleno del Consell de Mallorca ha aprobado una moción del PP para instar al Gobierno a derogar el decreto que establece el nuevo formulario de registro de viajeros que aumenta los datos a recopilar por las empresas y otra de Vox pidiendo que se prorrogue de forma indefinida su entrada en vigor.
Las dos mociones se han debatido a la vez pero la del PP ha obtenido 18 votos a favor y la de Vox 16, porque el Pi se ha abstenido en la segunda por sus referencias a la inmigración.
La consellera del PP Maria Garrido la defendido la necesidad de instar al Gobierno a derogar el decreto y establecer un proceso de diálogo con los operadores turísticos afectados porque impone "obligaciones excesivas de registro documental y de información" para las empresas de alojamiento y de alquiler de vehículos.
Garrido ha criticado que supone una carga burocrática y coste añadido para las empresas y que puede poner en peligro la seguridad de la ciudadanía por filtración de datos.
La consellera de Vox Maria Paz Pérez ha criticado que con el decreto del Gobierno las empresas hayan pasado de tener que cumplimentar 14 datos de los viajeros a 42, por lo que ha pedido una prórroga indefinida de estas medidas que han entrado en vigor en noviembre y que ha dicho que a ella ya se las han aplicado.
Ha criticado que el Ministerio del Interior imponga "normas que parecen diseñadas para asfixiar al sector turístico" y que suponen pedir "datos sensibles como la forma de pago, el móvil y el domicilio".
El conseller del PI, Antoni Salas, ha incidido en que la medida carga la responsabilidad sobre quienes gestionan negocios y no la deberían tener y ha advertido de que no aumentará la seguridad porque "si alguien tiene malas intenciones acudirá a la oferta ilegal y a quienes le permitan entrar de forma inadvertida".
El portavoz de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, ha llamado la atención sobre el hecho de que el decreto es de 2021 y "no es nada nuevo".
El socialista Andreu Serra ha apoyado que el Ministerio del Interior pueda modificar una legislación que era de los años 50 y ha incidido en que el decreto es de 2021 y "no está en vigor porque está en audiencia y trámite público", porque el Gobierno está en contacto con el sector e instituciones.
Serra ha defendido que la normativa sobre viajeros se ha renovado porque antes no había viviendas turísticas, y porque hay datos "que en los años 50 no eran necesarios y actualmente sí" y ha insistido en que según la Agencia de Protección de Datos no supone pérdida de competitividad.
