El Parlament de les Illes Balears ha respaldado este martes la convalidación del controvertido decreto ley para acelerar proyectos estratégicos, una norma diseñada para atraer inversión privada, simplificar trámites y acelerar grandes infraestructuras públicas y privadas en el archipiélago. La aprobación, sin embargo, se ha producido casi tres meses después de que la cámara autonómica lo rechazara en pleno el pasado 30 de septiembre, provocando su derogación oficial en octubre conforme al Reglamento del Parlament.
La tramitación de este decreto, promovido por el Govern del PP, ha estado marcada por tensiones políticas y pactos legislativos. La versión que ha salido adelante cuenta con los votos del PP y de Vox, y responde al acuerdo alcanzado con esta formación para garantizar su apoyo tras el rechazo inicial. Como parte de ese compromiso, el texto elimina la posibilidad de que los proyectos de energías renovables se beneficien de la tramitación acelerada, una de las medidas que más resistencias generó en septiembre.
La norma crea la figura de los Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), que podrán ser tanto públicos como privados. El objetivo declarado es que estas iniciativas gocen de prioridad en la tramitación administrativa, acceso preferente a financiación y subvenciones, y una reducción de plazos burocráticos, con el acompañamiento de la nueva Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que actúa como ventanilla única para promotores. Europa Press
Los promotores privados podrán acceder a esta figura si cumplen requisitos de inversión mínima o creación de empleo estable, o si la Conselleria competente considera que su proyecto tiene un impacto transformador en el modelo económico balear. Europa Press
El decreto también establece un régimen específico para proyectos públicos esenciales —como hospitales, centros educativos o depuradoras— que, según la versión del Govern, permitirá reducir la dilación de obras que tradicionalmente se eternizan en las Islas.
Del rechazo a la luz verde en otoño legislativo
El rechazo inicial del decreto en septiembre fue un revés significativo para la estrategia económica del Govern, pues el texto quedó automáticamente derogado tras la votación de totalidad del Parlament. Notícies Jurídiques Hasta ese momento, la norma pretendía acelerar inversiones en sectores estratégicos, aliviar la complejidad administrativa y dar cobertura legal a acuerdos como el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca, un aspecto que también ha sido respaldado con la convalidación.
La confrontación política que rodeó la norma ha tenido un eco notable en la prensa balear, que recogió la crítica de partidos de izquierdas y ecologistas por la interpretación de “desregulación” y la priorización de determinados sectores, frente al énfasis del Govern en la necesidad de impulsar crecimiento económico en un contexto de estancamiento de inversiones y empleo.
Con la convalidación de este decreto, el Ejecutivo autonómico espera ahora acelerar proyectos clave para la transformación económica de las Illes Balears, aunque el impacto real —especialmente en sectores tan sensibles como las energías renovables— dependerá tanto de la aplicación práctica de la norma como del dinamismo inversor que se logre atraer bajo este nuevo marco.
