El Govern de les Illes Balears ha exigido en Madrid que el futuro Plan estatal de vivienda 2026-2030 no se convierta en una imposición desde el Ministerio de Vivienda, sino en una herramienta de colaboración real que tenga en cuenta a las comunidades autónomas, sus competencias y la singularidad territorial.
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, trasladó a la ministra Isabel Rodríguez que el documento presentado por el Gobierno central carece de diálogo previo y plantea una cofinanciación obligatoria que, a juicio del Ejecutivo balear, condiciona la autonomía de las comunidades. “No es un plan consensuado sino una imposición que obliga a aplicar políticas estatales en lugar de reforzar las que ya desarrollamos desde las comunidades”, advirtió Mateo en la Conferencia sectorial de Vivienda.
El Govern defiende que el plan debería apuntalar las políticas de vivienda autonómicas y no supeditar las ayudas estatales a la adopción de medidas diseñadas en Madrid. Para Balears, el reto pasa por aumentar la oferta de alquiler asequible, incentivar la salida de viviendas vacías al mercado, ampliar la vivienda protegida tanto pública como privada y diseñar programas de apoyo específicos en rehabilitación, accesibilidad y alojamiento de empleados públicos desplazados.
Mateo subrayó que la vivienda es un eje clave para el desarrollo económico y social de las islas y que requiere políticas adaptadas a un mercado inmobiliario tensionado por la falta de suelo y la presión turística. “La colaboración con el Gobierno central es bienvenida, pero debe basarse en la lealtad institucional y el respeto a nuestras competencias”, insistió.
El Govern recordó que la financiación del Plan estatal proviene de fondos públicos de todos los españoles y que no puede utilizarse como un mecanismo de presión para que las comunidades apliquen políticas centralizadas. En este sentido, Balears pide que la Conferencia sectorial se convierta en un verdadero espacio de negociación y de diseño conjunto de soluciones.
