La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, junto a la secretaria de Vivienda del partido, Elena López, han criticado duramente la gestión del Govern balear liderado por Marga Prohens (PP) en materia de vivienda. Según han señalado, los dos primeros años del actual Ejecutivo autonómico han supuesto un “retroceso absoluto” en políticas públicas, permitiendo una deriva especulativa que, a juicio del PSOE, convierte las islas en un paraíso inmobiliario para rentas altas y fondos de inversión, en detrimento de los residentes.
Armengol ha acusado al Govern de PP y Vox de “no haber impulsado ni una sola vivienda de protección oficial” y de haber eliminado en la práctica esta categoría, reemplazándola por un modelo de vivienda de precio limitado que en muchos casos se sitúa por encima de los 350.000 euros. Además, ha denunciado la paralización de promociones públicas en curso, como las de Formentera o Calvià, y el abandono de instrumentos como el derecho de tanteo y retracto, que permitía adquirir viviendas privadas para destinarlas a alquiler social.
En este sentido, ha lamentado que mientras el precio del alquiler ha subido un 14% en Baleares en el último año, en ciudades donde sí se aplica la ley estatal de vivienda, como Barcelona, los precios han caído un 6%. “Es gravísimo que el Govern se niegue a aplicar una ley que está funcionando donde se activa. Cada vez hay más familias que viven en caravanas o tiendas de campaña porque no pueden asumir un alquiler que ha pasado de 600 a 1.500 euros en pocos años”, ha afirmado.
El PSOE balear también ha criticado el nuevo decreto de vivienda que impulsa el PP y Vox, actualmente en tramitación como proyecto de ley, acusándolo de abrir la puerta a la urbanización de suelo rústico. “Es una norma que fomenta la especulación y pone el territorio al servicio de intereses privados, todo para mantenerse en el poder”, ha señalado Armengol.
Durante su comparecencia, la líder socialista ha recordado que el anterior Ejecutivo progresista adquirió 88 viviendas de Metrovacesa mediante tanteo y retracto para destinarlas a familias vulnerables, mientras que el actual Govern permitió su venta a un fondo de inversión que ahora las comercializa como viviendas de lujo.
Por su parte, Elena López ha subrayado que, aunque el Govern balear “renuncia a proteger el derecho a la vivienda”, el Gobierno de España sí está aplicando medidas paliativas a pesar de no tener competencias exclusivas en la materia. Entre ellas, ha citado la eliminación de los visados de oro para la compra de vivienda por parte de extranjeros, el impulso del PERTE de vivienda para acelerar la construcción de pisos asequibles, la moratoria en desahucios hipotecarios hasta 2028, el avance hacia una empresa pública estatal de vivienda, y los proyectos de Son Busquets (Palma) y Can Escandell (Eivissa).
Desde el PSIB-PSOE insisten en que el acceso a la vivienda debe ser un derecho garantizado y reiteran su apuesta por políticas públicas decididas para frenar la especulación y asegurar precios dignos para la ciudadanía balear.
