La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) y el Col·legi de Gestors Administratius de Balears han pedido al Gobierno central una actuación “urgente y eficaz” para reconducir lo que califican de “fracaso absoluto” del sistema de cita previa en la Administración Pública. Ambas entidades reclaman cambios sustanciales o, directamente, el fin de la obligatoriedad de este sistema, que “vulnera un derecho básico e impide cumplir con obligaciones tanto a ciudadanos como a empresas”.
El posicionamiento se apoya en un informe elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del ICOGAM y recogido por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, dentro del Manifiesto por el Derecho a la Atención Presencial Efectiva. El documento revela un dato alarmante: más del 80% de los trámites analizados entre julio de 2024 y junio de 2025 no obtuvieron cita previa en algún momento.
El estudio abarcó ministerios como Interior, Hacienda, Justicia, Inclusión y Educación, y constató que los mayores cuellos de botella se dan en la Seguridad Social, Tráfico y Extranjería, mientras que Hacienda fue el único ministerio que mantuvo cierta disponibilidad, aunque con demoras de hasta diez días.
El presidente de PIMEM, Jordi Mora, ha denunciado que “los ciudadanos llegaron a esperar hasta 36 días para obtener una cita, como ocurrió con la expedición del DNI en julio”. Por su parte, el presidente del Col·legi de Gestors Administratius de Balears, Miquel Àngel Garcia, ha subrayado que el sistema “está poniendo al ciudadano y al empresario entre la espada y la pared, ya que deben cumplir plazos sin poder acceder a los trámites necesarios”.
Ambos dirigentes coinciden en que es “indispensable garantizar la atención presencial sin cita previa como alternativa real”, así como reforzar los medios humanos y tecnológicos de las oficinas públicas. Mora recuerda además que Balears cuenta con más de 110.000 autónomos, muchos de los cuales “pierden productividad y tiempo por un sistema ineficaz e inadmisible para una economía que aspira a ser competitiva”.
Garcia ha alertado además sobre la proliferación de un “mercado alegal” en torno a la compraventa de citas previas, que considera “una aberración contraria al principio de igualdad ante la ley”. Según ha explicado, “se debería poder acceder a la administración cuando se necesita, y si para ello hay que pagar a un tercero, el derecho a la igualdad se está incumpliendo”.
El Colegio también ha realizado pruebas técnicas con herramientas automatizadas que confirman la ineficacia del sistema: de 414 intentos de cita, 43 no obtuvieron turno en pensiones y 63 fallaron en solicitudes del Ingreso Mínimo Vital.
Tanto PIMEM como el Col·legi de Gestors Administratius insisten en que el Gobierno debe replantear por completo el modelo de atención pública, priorizando el acceso efectivo y sin restricciones a los servicios esenciales.
