miércoles. 12.06.2024

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha presentado los ejes de las políticas públicas de vivienda para la legislatura en la Mesa de la Vivienda de las Illes Balears, así como las prioridades actuales y principales actuaciones en marcha,

Entre estas prioridades figuran el despliegue del Decreto ley de medidas para crear viviendas de precio limitado, la agilización de las ayudas al alquiler y de los fondos europeos para ayudas para la rehabilitación energética, y el incremento de la vivienda de protección oficial de alquiler en colaboración con la iniciativa privada junto con las promociones públicas del IBAVI.

La consellera Marta Vidal, acompañada del director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, y el gerente del IBAVI, Roberto Cayuela, ha expuesto las líneas generales del plan integral de políticas de vivienda para el periodo 2023-2027, la hoja de ruta de la legislatura, ante la treintena de representantes de las administraciones públicas, colegios profesionales, asociaciones empresariales del sector, entidades sociales y organizaciones sindicales que conforman la Mesa de la Vivienda de las Illes Balears, la cual no se reunía desde diciembre de 2021.
 

Entre las prioridades, destaca el despliegue del Decreto Ley 6/2023 de medidas urgentes en materia de vivienda para la creación de la nueva figura de viviendas de precio limitado (HPL), dirigidas a favorecer el acceso a la vivienda a las clases medias y trabajadoras y a la gente joven; la agilización de los pagos de las ayudas al alquiler, para personas con escasos recursos económicos; y de las ayudas financiadas con fondos europeos para la rehabilitación energética de viviendas y edificios residenciales; y el incremento de la vivienda de protección oficial de alquiler para colectivos vulnerables, a través del programa Build to rent en colaboración con la iniciativa privada y junto con las promociones de vivienda de protección pública por parte del IBAVI.
 

Además, las políticas de vivienda iniciadas para esta legislatura incluyen la elaboración del Plan estratégico de vivienda y de la futura nueva Ley de vivienda de las Illes Balears; la aplicación de las medidas de ventajas fiscales y de acceso a la vivienda, entre las cuales las rebajas tributarias ya aprobadas o el actual programa Garantía Hipoteca IBAVI para favorecer el acceso a una hipoteca; la mejora de la gestión del actual registro de viviendas desocupadas; la creación del Observatorio de la Vivienda de las Illes Balears; las medidas para la simplificación de los procedimientos urbanísticos para aligerar las cargas procedimentales; o las actuaciones para comenzar el programa pionero de alquiler seguro y el plan contra la ocupación ilegal de viviendas.

Nuevos pagos de las ayudas al alquiler de 2021 y 2022

En relación con las ayudas al alquiler, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha publicado la nueva convocatoria de las ayudas del año 2023, dotada con 8,77 millones de euros, dirigida a personas con escasos recursos económicos y con alquileres mensuales de hasta 900 euros en su domicilio habitual y de la que el plazo para presentar solicitudes se abrirá a partir del próximo 15 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, y tiene como objetivo agilizar el pago de las ayudas, tanto de la nueva línea como de las ayudas pendientes de las convocatorias de los últimos años.

En este sentido, se prevé hacer nuevos pagos durante el mes de noviembre, con los cuales se completará casi totalmente el abono de la línea de ayudas de 2021, de forma que en total se habrán pagado ayudas cerca de 5.300 personas beneficiarias (10,1 millones de euros) y solo quedará una decena de expedientes pendientes de subsanar deficiencias; y se hará un cuarto pago de las ayudas de 2022, con el cual se habrán pagado 4,1 millones cerca de 1.900 personas beneficiarias y se continuará con la revisión de expedientes para próximos pagos.


Incremento de la vivienda de protección oficial de alquiler

Asimismo, otra de las prioridades es el incremento de la vivienda de protección oficial de alquiler en las Islas, a través de la puesta en marcha del nuevo programa Build to rent, de cesión de suelo público a la iniciativa privada para la promoción de viviendas de protección en régimen de alquiler, junto con las promociones públicas de vivienda de protección oficial por parte de la IBAVI.

En el caso del nuevo programa en colaboración con el sector privado, se trabaja en las prioridades de aquí a final de año en la identificación de suelos y la redacción de los pliegos tipo para llevar a cabo las primeras licitaciones por parte de las administraciones públicas en el inicio de 2024.

Por parte del IBAVI, se prevé firmar más de 20 convenios con ayuntamientos y entidades para la cesión de suelo destinado a la construcción de nuevas viviendas de protección oficial, además de continuar con las promociones de vivienda de protección (21) actualmente en ejecución. También se trabaja en una revisión de los criterios técnicos del IBAVI para la construcción y acabados de las viviendas de protección, así como en el desarrollo del programa Garantía Hipoteca IBAVI para facilitar la compra de vivienda, con el que se han aprobado 159 garantías por valor de 3,6 millones.



Mejor ejecución de los fondos europeos para rehabilitación

Otro de los objetivos de la Conselleria es acelerar la ejecución de los fondos europeos Next Generation EU para financiar las ayudas de los seis programas de rehabilitación energética en las Illes Balears, dado que del total de 45,4 millones recibidos, sólo se han concedido ayudas por valor de 4,05 millones (un 9%), y se ha producido un retraso de unos seis meses respecto de la situación otras comunidades autónomas.

Hasta ahora hay 326 viviendas con resolución favorable de concesión de subvención y los hitos marcados son llegar a un 25% a finales de este año (985 viviendas), a un 50% a finales de 2024 (1.970 viviendas) y a un 100% a finales de 2026 (3.938 viviendas).

En el caso de los tres programas financiados con fondos europeos para la rehabilitación energética de viviendas y edificios residenciales, del total de 29,5 millones recibidos, sólo se han concedido ayudas por valor de 1,3 millones, y por este motivo la Conselleria ha lanzado recientemente una campaña publicitaria para dar a conocer estas ayudas, favorecer su adjudicación y no perder estos recursos. En el sitio web orbalears.com se explican estas ayudas para facilitar la tramitación. El plazo para presentar solicitudes fue ampliado y estará abierto hasta el 31 de diciembre.



Programa Alquiler seguro, nueva Ley autonómica y creación del Observatorio de la Vivienda

Para el 2024, el Govern también trabaja en la elaboración del Plan director sectorial de Vivienda para la concreción, coordinación y programación de las actuaciones sectoriales en el territorio derivadas de las políticas de vivienda; en la redacción de la futura Ley de la Vivienda de las Illes Balears, un nuevo marco normativo que incentive la colaboración público-privada y posibilite un aumento del parque de vivienda disponible en las Islas; y en la mejora de la gestión del registro de viviendas desocupadas de las Islas, mediante la implantación de una aplicación informática para sistematizar el registro de forma ágil y actualizada, entre otras medidas.

Asimismo, para el próximo año se prevé implantar el Observatorio de la Vivienda de las Illes Balears, como plataforma de intercambio de información, propuestas y comunicación del sector destinado a servir de apoyo a agentes públicos y privados, para planificar y analizar la realidad social y económica del sector y para disponer de datos actualizados para la toma de decisiones; y en la puesta en marcha del programa pionero Alquiler seguro, para estimular la salida al mercado de viviendas que actualmente se encuentran vacías y así aumentar la oferta de vivienda de alquiler disponible en las Islas, basado en la intermediación del Govern entre propietarios y destinatarios, para aportar confianza y garantías a ambas partes.
 

Además, entre las actuaciones previstas también se incluyen el plan contra la ocupación ilegal de viviendas, con medidas como los protocolos de intervención rápida en coordinación con otras administraciones o las restricciones de ayudas a la vivienda o de acceso al alquiler a los infractores de la ley; y las medidas de simplificación y cooperación administrativas en los procedimientos urbanísticos para aligerar las cargas procedimentales y establecer un nuevo marco normativo que permita armonizar el alcance de estos procedimientos para la emisión de informes de manera coordinada.

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