La entrada en vigor de la Ley de Vivienda ha provocado una "espantada" de promotores e inversores inmobiliarios hacia otro tipo de construcciones o modalidades de alquiler más rentables que la vivienda, según subraya la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
Con la nueva normativa, aprobada en mayo, están apareciendo nuevas promociones en suelos no necesariamente residenciales, sino dotacionales, terciarios, incluso industriales, para dedicarlas a otras modalidades de alquiler diferentes al de viviendas, con un denominador común, alejarse de las normativa que regula el alquiler tradicional de viviendas.
Según señala el director general de ANA, José Ramón Zurdo, los promotores buscan así otro tipo de alquileres con una regulación con menos límites, y por ende, con mayores rentabilidades como los alojamientos flexibles, coworking, coliving, residencias universitarias, hoteles, apartahoteles, apartamentos turísticos, lofts o alquileres de temporada.
La actual normativa exige a los promotores y constructores que destinen un 40% de sus promociones para vivienda protegida (20% en suelo urbano no consolidado), y dentro de estos porcentajes un 50% para alquileres asequibles. Todo ello, denuncia ANA, sin haberse modificado el precio de los módulos de vivienda protegida.
Según ANA se está notando un parón de otros proyectos que utilizan el alquiler tradicional de viviendas para rentabilizar las inversiones de promotores y constructores, como el "build to rent" (construir para alquilar) o colaboraciones público-privadas para promover la construcción de viviendas en suelo público por un determinado numero de años para, vencido el plazo de otorgamiento de uso, revertir esas edificaciones a la Administración.
Asimismo, la agencia insiste en que la nueva Ley de Vivienda cambia las reglas del juego porque las nuevas promociones para destinarlas al alquiler de viviendas se van a ver afectadas por las limitaciones que contiene esta ley (rentas, congelación de las actualizaciones, mayor duración de los arrendamientos y de las prórrogas, mayor duración de los procedimientos de desahucio o penalización de las viviendas vacías a efectos de IBI).
En este contexto, Zurdo indica que estas políticas intervencionistas reducirán aún más la oferta porque promotores, inversores y arrendadores en general buscaran otras fórmulas más flexibles para rentabilizar sus inversiones y ahorros, lo que seguirá encareciendo los alquileres ante el incremento de demanda.
