El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con la participación de su demarcación en Baleares, ha puesto en marcha una iniciativa legislativa popular (ILP) para impulsar la reforma urgente de la Ley de Aguas. La medida busca mejorar la seguridad y la gestión hidráulica ante los efectos del cambio climático y la creciente frecuencia de episodios extremos como la sequía o las lluvias torrenciales.
Tras años de peticiones sin respuesta por parte de la Administración, y después de la DANA que causó graves daños en Valencia, el Colegio considera necesario un Pacto de Estado por el agua que garantice inversiones sostenidas en infraestructuras hidráulicas y otorgue a los ingenieros de Caminos un papel de responsabilidad técnica en la gestión de los recursos hídricos.
“Pasamos de la prealerta por sequía a recibir en horas la lluvia de todo un año. No es una hipótesis, es una realidad presente que ya no admite demora”, advierte Sara Lobato Rubio, decana del Colegio en Baleares.
“Es hora de actuar con eficiencia y rigor. La ingeniería no puede quedar al margen de los desafíos de este siglo”, subraya.
Cuatro pilares de acción
El Colegio de Ingenieros plantea una estrategia integral basada en cuatro líneas de actuación coherentes entre sí como son la Gestión del territorio y urbanismo, la adaptación del parque edificatorio, tanto existente como nuevo, reorganizar los servicios públicos, combinando criterios políticos y técnicos y finalmente educación ciudadana ante el riesgo, con enfoque técnico y social.
Lobato destaca que “las ciudades deben seguir ofreciendo el mejor servicio posible allí donde están, y para ello es imprescindible planificar, proyectar y reconstruir con criterio técnico”.
Tres nuevos principios en la Ley de Aguas
La propuesta legislativa —respaldada por la Junta de Gobierno, la Junta de Decanos y el Consejo General del Colegio— se apoya en el informe del Comité Técnico de Agua, Energía y Cambio Climático y propone incorporar tres nuevos principios básicos a la Ley de Aguas:Protección de la vida e integridad humana, Inversión suficiente para mitigar riesgos naturales como inundaciones o sequías y Profesionalidad e idoneidad técnica en los cargos y puestos de la administración del agua.
Firma ciudadana y proceso parlamentario
La ILP cuenta ya con el visto bueno del Congreso, el Senado y la Junta Electoral Central, y la recogida de 500.000 firmas estará abierta hasta el 25 de febrero de 2026. Una vez alcanzado ese número, se iniciará el trámite parlamentario, que incluirá el debate de enmiendas y una votación final en el Pleno del Congreso.
La recogida de apoyos cuenta con la colaboración de la Fundación para la Ciudadanía Global, a través de su proyecto BOREAL, dedicado al impulso de iniciativas legislativas populares.
“La climatología es la que es: debemos adaptarnos, actuar con respeto hacia el medio y garantizar a los ciudadanos la mejor gestión posible del agua”, concluye Lobato.
