El sector del chárter náutico en Baleares se enfrenta a una crisis existencial. La recién creada APANIB (Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques d'illes Balears), integrada en PIMEM, advierte de un escenario devastador: la prohibición de la venta de plazas individuales en las embarcaciones podría provocar el cierre de hasta siete de cada diez pequeñas empresas dedicadas a la actividad náutica profesional de la Lista Sexta, con la consiguiente pérdida de hasta 800 puestos de trabajo.
La preocupación empresarial se centra en el Decreto 44/2025 del Govern Balear, que según la asociación ha "culminado la política agresiva del Govern contra la actividad" iniciada el año pasado.
La magnitud del problema trasciende el ámbito autonómico. APANIB ha revelado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un Requerimiento Previo que cuestiona seriamente el Decreto.
Según la CNMC, la norma presenta una "desproporción de la prohibición de la venta por plazas", pone en duda su idoneidad para fines ambientales o de seguridad, detecta una posible invasión de competencias estatales (Marina Mercante) y, lo más crítico para el mercado, una restricción injustificada de competencia que favorece a determinados operadores.
Para Álvaro Aguirre, presidente de APANIB, el dictamen de la CNMC confirma las sospechas del sector: “No estamos ante una regulación técnica del mar, sino ante restricciones que dañan el mercado y la reputación de quienes cumplen la ley”.
Ataque a la Pyme Legal y al acceso “democrático” al mar
APANIB representa a pequeñas y medianas empresas inscritas en la Lista Sexta del Registro de Buques, un registro estatal que implica operar bajo estrictas normas de seguridad marítima, inspecciones periódicas, titulaciones profesionales y seguros de responsabilidad civil reforzada.
“No hablamos de actividad informal, ni de intrusismo, sino de empresas que cumplen la ley, pagan impuestos y operan de forma sostenible”, subraya la asociación.
El vicepresidente Àlex Mestre critica que el Decreto introduce "medidas inéditas y restricciones sin justificación ni técnica ni ambiental". Mestre apunta a la clave del conflicto: “Un mismo barco, con el mismo patrón, seguro e inspecciones, no cambia su impacto en el mar por vender plazas individuales o por alquilarse completo, lo único que cambia es quién puede acceder al mar y quién se queda fuera del mercado”.
La venta por plazas es defendida por APANIB como una modalidad legal que “socializa las actividades de ocio y recreo náuticas”, evitando que el acceso al mar se reserve solo a las “élites económicas” que pueden costear el alquiler completo de una embarcación. Territorios como Cataluña, Valencia o Andalucía regulan esta actividad con normalidad, siendo Baleares la única comunidad que ha optado por prohibir un modelo legal y sostenible.
Desde la Federación de PIMEM, el presidente Jordi Mora se suma a la alarma, señalando que lo más preocupante es el efecto reputacional generado. Se ha trasladado a la opinión pública una “imagen de irregularidad o peligrosidad” asociada justamente a la parte del sector más regulada. “Se ha hecho un ataque a un sector que aporta economía productiva formada por pymes y autónomos”, denuncia Mora.
Según la patronal, este daño reputacional ha derivado en cancelaciones y pérdida de confianza del consumidor, una consecuencia de la sensación creada de que la modalidad prohibida era insegura, cuando es el propio Estado quien la autoriza, controla e inspecciona.
A esto se suma la dificultad de trabajo ya existente por la falta de amarres y, según denuncia Aguirre, el cierre de entrada de los clubes náuticos de Palma a las embarcaciones de Lista Sexta.
La asociación exige una regulación "proporcionada, basada en datos, no en percepciones" y que se garantice la seguridad jurídica, protegiendo el acceso democrático al mar y el tejido empresarial balear de los intereses que fomentan estas barreras anticompetitivas.
