Lidl ha interpuesto una demanda judicial contra la organización activista OBA tras haber sido objeto de reiteradas campañas de desinformación que, según la compañía, contienen afirmaciones tergiversadas, sin base científica y carentes de rigor. La cadena de supermercados denuncia que estas acusaciones han generado una percepción errónea sobre la seguridad alimentaria de sus productos, creando una alarma infundada entre los consumidores.
En los últimos meses, el OBA ha impulsado diversas iniciativas en las que cuestiona la calidad y seguridad de los productos comercializados por Lidl. Sin embargo, la empresa defiende que su modelo de negocio se basa en el cumplimiento de estrictos estándares de calidad, avalados por auditorías independientes y certificaciones internacionales.
Además, la compañía subraya que sus procesos son verificados periódicamente por entidades certificadoras independientes, así como por los servicios sanitarios y autoridades reguladoras. Estas inspecciones garantizan que los alimentos comercializados cumplen con la legislación vigente y las mejores prácticas en materia de seguridad y sostenibilidad.
Un ataque infundado contra el rigor científico
Según Lidl, las afirmaciones difundidas por el OBA han sido desmentidas por expertos independientes y, en algunos casos, las denuncias presentadas por la organización han sido archivadas por la justicia, evidenciando la falta de fundamento en sus acusaciones. La cadena de supermercados considera que esta campaña de desprestigio responde a una estrategia de presión para que se adhiera a iniciativas como el European Chicken Commitment (ECC).Aunque Lidl comparte los objetivos del ECC, defiende que trabaja en su propio modelo de mejora continua, basado en auditorías y controles internos, sin necesidad de adherirse a compromisos externos. La empresa insiste en que su prioridad es garantizar la seguridad y calidad de sus productos a través de mecanismos propios y con el respaldo de organismos independientes.
La demanda no busca fines económicos
Lidl recalca que esta acción legal no tiene un objetivo económico, sino que busca frenar la desinformación y proteger la confianza del consumidor. En caso de que la justicia determine el pago de una indemnización, la compañía ha anunciado que destinará íntegramente esos fondos a proyectos sociales.Asimismo, Lidl hace un llamamiento a la responsabilidad informativa, advirtiendo sobre los riesgos de la difusión de información falsa o no contrastada en el sector alimentario. Según la empresa, la proliferación de noticias alarmistas puede perjudicar la percepción del consumidor y generar confusión innecesaria sobre la seguridad de los productos disponibles en el mercado.
Con esta demanda, Lidl reafirma su compromiso con la transparencia, la seguridad alimentaria y el rigor científico, garantizando a sus clientes que continuará trabajando con los más altos estándares de calidad en todos sus procesos y colaborando con expertos para seguir mejorando la seguridad de sus productos.
