VeriFactu será uno de los cambios más importantes para empresas y autónomos en los próximos años. Su impacto no estará solo en la forma de emitir facturas, sino en la manera de registrar, conservar y justificar cada operación económica. La facturación dejará de depender de programas flexibles o poco controlados para pasar a sistemas con mayores garantías técnicas.
El objetivo principal es que los registros de facturación sean fiables. Cada factura deberá quedar correctamente guardada, identificada y protegida frente a modificaciones no justificadas. Para muchos negocios, esto implicará revisar el software actual, hablar con el proveedor tecnológico y comprobar si sus procesos internos están preparados.
Entender qué es verifactu resulta esencial porque este sistema está vinculado a los nuevos requisitos que deberán cumplir los programas de facturación. No se trata únicamente de emitir facturas, sino de hacerlo mediante herramientas capaces de garantizar trazabilidad, integridad, conservación e inalterabilidad de los registros.
La aplicación de VeriFactu
La entrada en vigor de VeriFactu será progresiva. Sociedades anónimas y limitadas deberán utilizar software de facturación certificado y adaptado desde el 1 de enero de 2027. Para autónomos, sociedades civiles y el resto de las compañías, la obligación comenzará el 1 de julio de 2027.
La base normativa de este cambio es la ley antifraude, ya que exige que los sistemas informáticos de facturación no permitan alterar registros, borrar operaciones sin rastro ni utilizar programas que faciliten dobles contabilidades. En la práctica, el software pasa a formar parte directa del cumplimiento fiscal.
Por qué la Ley Antifraude cambia las reglas
La Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal busca prevenir irregularidades desde el origen. Su lógica es sencilla: si una herramienta permite manipular facturas, el riesgo de fraude aumenta. Por eso, la norma obliga a utilizar sistemas que garanticen registros seguros, accesibles, legibles y verificables.
Esto afectará a empresas grandes, pymes, autónomos y proveedores de software. No bastará con conservar facturas en una carpeta digital. Será necesario que el programa registre correctamente cada operación y que cualquier cambio quede documentado. La facturación se convierte así en un proceso más técnico, más controlado y menos dependiente de soluciones improvisadas.
Ley Crea y Crece: más digitalización y menos barreras
Después de VeriFactu y la Ley Antifraude aparece la Ley Crea y Crece. Esta norma, oficialmente Ley 18/2022, tiene como finalidad facilitar la creación y crecimiento de empresas en España. Entre sus medidas destaca la posibilidad de constituir sociedades de responsabilidad limitada desde 1 euro de capital social.
Pero su importancia no termina ahí. También impulsa la digitalización empresarial, mejora el acceso a financiación alternativa y establece nuevas medidas contra la morosidad. Su objetivo es crear un entorno empresarial más ágil, transparente y preparado para operar con procesos digitales.
Factura electrónica obligatoria
Una de las medidas más conocidas de la Ley Crea y Crece es la factura electrónica obligatoria en operaciones entre empresas y autónomos. Esta obligación afectará a las relaciones B2B, es decir, a las compras y ventas entre negocios.
Según el calendario previsto en el proyecto de orden ministerial, la implantación sería progresiva:
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1 de octubre de 2026: entrada en vigor del sistema de factura electrónica B2B.
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1 de octubre de 2027: obligación para empresas y autónomos con facturación anual superior a 8 millones de euros.
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1 de octubre de 2028: obligación para el resto de empresas y autónomos.
Medidas de la ley de impulso de empresas
La Ley Crea y Crece también intenta reducir la morosidad privada. Para muchos autónomos y pymes, cobrar tarde no es un simple inconveniente: puede afectar a la liquidez, al pago de impuestos, a las nóminas y a la continuidad del negocio. Por eso, la norma refuerza el control de los plazos de pago y vincula determinadas ayudas públicas al cumplimiento de estas obligaciones.
Otra de sus medidas es la creación del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, la obligación de informar sobre periodos medios de pago en ciertos casos y un mayor control sobre las relaciones comerciales entre empresas.
Además, la norma abre nuevas vías de financiación. Regula plataformas de financiación participativa, permite operar en la Unión Europea con una autorización única y refuerza la protección del inversor en operaciones de mayor riesgo. Para emprendedores, autónomos y pymes, esto puede significar más opciones para obtener capital fuera de los canales tradicionales.
En conclusión, tanto VeriFactu como la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece forman parte de un mismo cambio: una gestión empresarial más digital, más trazable y más controlada. Primero llega la exigencia de utilizar programas de facturación fiables. Después, la factura electrónica obligatoria transformará la relación entre empresas y autónomos.
Las fechas de 2027 y 2028 pueden parecer lejanas, pero la adaptación requiere tiempo. Elegir software, formar equipos, ordenar datos y revisar procesos no se resuelve de un día para otro. Las empresas que empiecen antes tendrán más margen para cumplir sin prisas. Las que esperen demasiado se encontrarán con un cambio obligatorio, técnico y difícil de improvisar.
