martes. 23.04.2024

La Asociación de Constructores de Baleares desea poner de manifiesto que desde principio de año y hasta día de hoy ha contabilizado 57 obras públicas que han quedado desiertas, como mínimo en su primera licitación, por un valor de 58,6 millones de euros en Baleares en 2022.

Los constructores consideran que se trata de un hecho insólito que nunca había sucedido en años anteriores. La causa es que estas licitaciones "han salido sin los precios actualizados, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público. Las empresas han asumido unos sobrecostes enormes por el aumento desorbitado del precio de los materiales, de los combustibles y la energía que no se están compensando".

Según datos del primer trimestre del año del INE, los empresarios calculan que "las obras en general se han encarecido más de un 30% en las islas".

Aseguran que el decreto de revisión de precios estatal 3/2022 y sus revisiones posteriores excluyen ya de entrada a más del 86% de las obras públicas en Baleares, al estar enfocado a grandes obras. Ante tal circunstancia, la esperanza de las empresas era poder acogerse al decreto autonómico de compensación, pero resulta que todavía no se puede aplicar al no haberse publicado los parámetros y la metodología".

Por tanto, las constructoras se encuentran en una situación de fragilidad e incertidumbre absoluta al haber asumido unos sobrecostes que no están siendo compensados. Muchas empresas optan por no presentarse a las licitaciones al no licitarse con precios de mercado y ver que no podrán optar a las “supuestas” revisiones de precio.

La disminución de su actividad afectará tanto al número de trabajadores contratados como a los compromisos adquiridos con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Somos los primeros que deseamos trabajar, pero en unas condiciones que no pongan en peligro la viabilidad de las empresas ni los puestos de trabajo de nuestras plantillas. Al final, con las obras desiertas salimos perjudicados todos, los ciudadanos en primer lugar”, afirma la presidenta de la Asociación, Fanny Alba.

Las consecuencias serán un inevitable incremento de los litigios, de licitaciones desiertas y de obras paralizadas, así como, retrasos en la ejecución de contratos. Entre las decenas de proyectos que han quedado desiertos aparecen obras cuya paralización afecta la ciudadanía en general, como colegios, viviendas de protección oficial, mejora de carreteras, así como instalaciones culturales y deportivas.

"Muchos están financiados con fondos europeos. Mucho nos tememos que cuando se ponga en marcha realmente toda la obra que se tiene que hacer con los fondos Next Generation-EU, pueden quedar muchas desiertas" dicen los empresarios.

Las 57 licitaciones declaradas desiertas de enero a septiembre del 2022 en Baleares se corresponden con: 29 de ayuntamientos, 8 del IBISEC (educación), 5 del IBAVI, 3 del Consell de Mallorca, 2 de la UIB, 2 de SFM, 2 de AENA y 1 del Consell de Menorca, IBSALUT, ABAQUA, Mutua Universal-Mugenat, Ministerio de Cultura y Administración general del Estado.

En relación a la licitación de la obra para la ejecución del proyecto de ampliación del metro al Parc Bit impugnado por esta asociación, SFM ha desistido del procedimiento al no haberse presentado ninguna empresa, tal como indican en su propio escrito de desistimiento.

La asociación de constructores quiere hacer "una distinción con el IBAVI por ser el único organismo que está atendiendo a las reclamaciones de revisión de precios de forma positiva para nuestras empresas. Agradecemos que sean sensibles a la situación complicada que atraviesan los contratistas".

Tanto la Confederación Nacional de la Construcción en el ámbito estatal como los constructores de Baleares, "reiteramos la urgencia de establecer un sistema automático de reequilibrio de precios que permita hacer frente a estos sobrecostes y, por tanto, tenga en cuenta las alteraciones posteriores a la presentación de ofertas, tanto al alza como a la baja, buscando dotar de estabilidad a los contratos".

Los empresarios exigen al Govern que "cumpla los acuerdos de la Mesa de Diálogo Social y con los constructores de Baleares y publique, sin más dilación, los parámetros y la metodología para poder presentar las reclamaciones vía decreto autonómico de compensaciones donde creemos que más obras podrán acceder a la revisión".

Por último, insisten a los ayuntamientos que tramiten las reclamaciones de revisión excepcional de precios. La gran mayoría de consistorios de Baleares siguen sin atender estas solicitudes de las empresas a pesar de estar adheridas a los decretos de revisión, sin necesidad de tener que acordarlo en pleno.

La constructoras al límite: 57 obras públicas por valor 58,6M€ quedan desiertas en...
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