Durante los últimos años, debido a la crisis económica (cambio de modelo), desde las familias hasta las empresas, pasando por los ayuntamientos/consells insulares han procedido a su desapalancamiento financiero, es decir, han reducido su nivel de deuda.
En relación a los ayuntamientos ello ha sido posible por una normativa estatal que ha primado la reducción del pasivo financiero frente a inversiones o gasto en personal y por lo que respecta al sector privado, por una pura estrategia de supervivencia dado que seguir gastando más de los que se ingresa es un plan suicida.
En el extremo opuesto se encuentran los actores públicos que se han endeudado en estos años, la Administración General del Estado (AGE) y las CCAA, en gran medida para seguir manteniendo una sociedad del bienestar que, tal y como está concebida, es insostenible económicamente.
A día de hoy, el conjunto de las administraciones públicas en España tiene una deuda que alcanza el billón, con b, de euros y que supone más del 100 % del PIB. Para entendernos, una deuda impagable!!!
Este panorama desolador ha provocado ya la advertencia de los principales organismo internacionales, sobre todo de la UE, que observan como a este ritmo será imposible que se cumpla el Pacto de Estabilidad que implica reducir el nivel de endeudamiento al 60 % del PIB en el año 2020. Las previsiones, al respecto, citan una demora de 13 años para alcanzar ese acuerdo, es decir, allá por el año 2033.
La AGE gestiona un presupuesto de gasto en el que tres conceptos; las pensiones de jubilación, las prestaciones por desempleo y los intereses de deuda, abarcan más del 55% del total. Conocida esta cuestión, se abre el debate sobre qué medidas adoptar respecto de unas administraciones públicas, eminentemente de gasto, como son las autonomías.
Las Illes Balears, han cerrado el ejercicio 2015 con una deuda de más de 9.000 millones de euros, lo que representa más del 30% de su PIB, correspondiendole, a cada ciudadano de Baleares una deuda de, aproximadamente, 7.500 €.
Como no podía ser de otra manera, además, se ha generado un déficit presupuestario de un 1,51% (el Govern gastó 390 millones más de los que tenían presupuestados). La citada deuda pública en Baleares supone que cada año, el Govern tiene que destinar más de 900 millones de euros, de un presupuesto, aproximado, de 4.300, al pago de la misma (intereses y capital), que, por poner un ejemplo, es más de lo que se destina a educación.
¿Resulta sostenible, económicamente, que las CCAA sigan gastando más de lo que ingresan, teniendo en cuenta que los ciudadanos y empresas están soportando la mayor carga fiscal de la historia de España?. La respuesta, también es evidente, no, no se puede seguir por esta senda de la irresponsabilidad.
Así, las CCAA, en su concepción y en su modelo de gestión, no están preparadas, por sí solas, para afrontar el ingente reto que supone abandonar las políticas laxas de gasto y proceder a contener las fugas de fondos públicas en políticas absolutamente improductivas y prescindibles, que no contribuyen, para nada, al interés general, pero que representan nichos cautivos de votantes.
Ha llegado la hora de que la sociedad civil de ejercer de contrapeso y afrontar su responsabilidad personal y colectiva en aras a que los gobiernos autonómicos, en nuestro caso, el de las Illes Balears, depongan su actitud cortoplacista y abandonen sus estrategia de contentar a sus redes clientelares que supone, de forma arbitraria, apoyar a unos para perjudicar a otros, olvidándose de su principal objetivo que no es otro que la gestión, diligente, de nuestros impuestos, los que pagamos los ciudadanos y empresas por vivir y trabajar en estas islas.
La respuesta de nuestros políticos no puede ser el ninguneo, derivar la culpa en el Gobierno Central, apelar a que los otros lo también lo hicieron, a que resulta imposible rebajar el nivel de gasto, etc. y ponerse a trabajar en un plan estratégico que tenga como objetivo pasar del déficit al superávit presupuestario, adoptando las medidas necesarias para ello.
Dicho superávit tiene que servir para evitar la quiebra del sistema a través del inicio del pago de la devolución de la elefantiásica deuda pública generada tanto, por éste como por los déficits de todos los gobiernos anteriores.
Las recetas ante esta situación nunca pueden ser más impuestos y más gasto, entre otras cosas, porque los españoles no podemos asumir ya más carga fiscal.
Los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores autónomos, las pymes, los emprendedores, están siendo utilizados por los gobernantes para mantener una sociedad del bienestar que es insostenible económicamente y que deber cambiarse ya.
No hay tiempo que perder, el cambio se hace imprescindible e inaplazable y, éste pasará, por quien sea capaz de plantear un proyecto político razonable, que empiece por la reforma de las administraciones públicas, (escandaloso nivel de gasto improductivo que se genera, por la prestación de servicios, absolutamente, prescindibles), siga por la vía de la reforma del gigantesco sistema asistencialista público (no todo cabe en el presupuesto público, empezando por las subvenciones a las que se destinan en Baleares más de 300 millones al año), y acabe por la reducción de impuestos a ciudadanos y empresas, pasando de un ciclo vicioso a un ciclo virtuoso.
