Coincidiendo nuevamente con la oleada de frío polar, el gobierno de España ha vuelto a hacerlo: sube la factura de la luz. No han sido las eléctricas, sino el gobierno -aunque ejerza de abogado de los intereses de las multinacionales de la energía-, y por tanto es una decisión política.
Gracias a esta decisión política, el precio que pagamos por la electricidad antes de impuestos es el más caro de Europa según Eurostat, aunque estamos bastante lejos de ser de los primeros en ingresos per cápita: un hogar en Francia paga la mitad que uno en España, aunque allí se gane casi el doble que aquí.
Y esto es así por los problemas estructurales que determinadas decisiones políticas han generado, como por ejemplo que en el mercado mayorista se decida pagar igual precio independientemente del coste de generación. Es decir: montamos un sistema para que las eléctricas reciban lo mismo si generan la electricidad a partir de renovables, como si lo hacen a partir de carbón. Mucho presunto liberalismo económico, pero en la práctica es un mercado intervenido y al servicio de intereses muy concretos.
La culpa de esta última subida la tiene la sequía, según dicen, porque los embalses están vacíos, con lo cual las hidroeléctricas no han podido generar lo previsto y se ha estirado de térmicas y nucleares. Afirmar algo así, como ha hecho el gobierno, es de desvergüenza absoluta, como lo es también que hasta la fecha se haya culpado al sector de las energías renovables del sobreprecio que pagamos en la factura eléctrica.
De hecho, la Asociación de Empresas de Energías renovables (APPA) ha presentado en estos días un informe con cifras objetivas en el que se señala que las energías renovables son baratas porque ahorran más de lo que cuestan, y porque ejercen un efecto sobre el recibo que se traduce en que la luz acaba costando menos de lo que hubiese costado si no se echara mano de ellas.
De hecho, la APPA señala que mientras que las renovables recibieron el año pasado 5.360 millones de euros en primas, estas mismas energías limpias abarataron el precio del mercado eléctrico en 5.370 millones de euros, es decir que ahorraron más de lo que costaron al consumidor.
Muy bien: hay sequía. Pero si el gobierno de M. Rajoy en lugar de boicotear las energías renovables con normativas como el impuesto al sol que no tienen parangón en todo el mundo, o una retribución para las energías limpias mucho más baja que para el resto de fuentes de energía, se hubiera dedicado a potenciar estas fuentes de energía alternativas, otro gallo cantaría.
Según APPA, sin energía solar, el 2016 el precio de mercado del mix de generación eléctrica hubiera sido de 61,17 euros el megavatio/hora, y no de 39,67 como resuló finalmente, es decir, más de 20 euros de diferencia. Todo esto, sin contar con las ya conocidas puertas giratorias y los mecanismos oligopolísticos que lo mismo permiten subordinar los precios y las decisiones políticas a los intereses de las eléctricas en los que tantos cargos políticos de primer nivel acaban recolocados. Otro día ya hablaremos de los costes medioambientales de tales decisiones políticas.
Un último apunte: hace unas semanas les escribía sobre Es Murterar y el absurdo en términos económicos que representa mantener una central que funciona con carbón que se extrae en Sudáfrica y Colombia, ser traslada en barcos a Tarragona y de allí hacia Alcudia en barcos lanzadera y luego en camiones que lo transportan a una de las centrales térmicas más contaminantes de España y de Europa. Mientras, el gobierno sigue subvencionando la minería del carbón española (que no es el que se quema en Es Murterar) y todo eso también es factura eléctrica, y también obedece a decisiones políticas.
