En Baleares existen precedentes sobre amnistías urbanísticas. El ejemplo más reciente fue en el año 2014. En este caso, mediante la disposición transitoria décima de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo. Así con la incorporación de dicho precepto se instauró un procedimiento con carácter excepcional por el que se concedía un plazo de tres años para incorporar a la legalidad las edificaciones existentes en suelo rústico en las que la infracción y demolición estuviera ya prescrita.
Para poder beneficiarse del procedimiento recogido en la citada Disposición Transitoria, se exigía cumplir una serie de requisitos que podían variar en función del tipo de suelo rústico en el que se ubicaran y, además, debían acompañarlo del pago de una “prestación
económica” que se fijaba de acuerdo a porcentajes relacionados con coste de la obra legalizada. Esos porcentajes iban desde el 15% hasta el 25%, en función del momento en el que se registrase la solicitud de “indulto urbanístico”.
Tras dos años desde su entrada en vigor, este procedimiento fue derogado en el año 2016, como consecuencia del cambio de gobierno liderado por la actual presidenta del Congreso de los Diputados, la Sra. Armengol.
¿Y ahora?
Actualmente, parece que existe una posibilidad real de que el nuevo Govern de les Illes Balears reactive un procedimiento parecido o similar al del año 2014. En esta ocasión, parece que iría acompañado de condicionantes relacionados con la eficiencia energética y la sostenibilidad de las edificaciones objeto de legalización.
¿Y dónde queda el interés general?
Como todo en esta vida, depende del cristal con el que se mire. Unos lo verán como solución al problema habitacional que existe en nuestras islas, otros lo verán como un auténtico atentado contra el territorio y la ordenación urbanística. Sea como fuere, en esta ocasión, en mi condición de abogado, hablamos de rara avis en cuanto a lo que a normativa urbanística se refiere, pues no hay duda que este puede ser el último tren para muchos ciudadanos que cuentan con viviendas en situación de ilegalidad y que, caso de aprobarse una amnistía, podrían convertirlas en construcciones totalmente ajustadas a la legalidad. También incrementarían su valor en el mercado inmobiliario. Todo hay que decirlo.
En todo caso, ahora solo podemos ser cautos y esperar, pues, en caso de salir adelante, hasta que no conozcamos su redacción definitiva, todo serán especulaciones sobre quiénes podrían beneficiarse o no.
