El Parlament de les Illes Balears ha dado luz verde a un ambicioso decreto ley que quiere ser un punto de inflexión en la política turística de las islas: se pone fin, por ley, a la creación de nuevas plazas turísticas en pisos de edificios plurifamiliares. La medida, que forma parte de un paquete más amplio de contención del turismo, busca equilibrar la economía con el derecho a la vivienda y la sostenibilidad del territorio.
En esencia, se trata de un nuevo marco que detiene el crecimiento de la oferta turística en zonas ya tensionadas y refuerza la lucha contra el alquiler ilegal, mientras abre vías para reconvertir alojamientos obsoletos en viviendas sociales o residencias para trabajadores del sector.
El decreto no se limita a restringir: permite el intercambio de plazas ya existentes —sin incremento global—, aunque mantiene la moratoria vigente hasta que los consells insulares establezcan sus límites de capacidad. También prevé la creación de una bolsa de plazas vacías, en la que se recogerán aquellas dadas de baja, con el objetivo de impedir tanto la pérdida como el aumento descontrolado del número de alojamientos.
Uno de los puntos clave es la penalización de la oferta ilegal. A partir de ahora, tanto plataformas como propietarios estarán obligados a publicar el número de registro del alojamiento. Las multas aumentan un 25 % y pueden alcanzar los 500.000 euros en casos muy graves.
Una de las novedades con mayor impacto económico y social es la posibilidad de reducir hasta un 80% las sanciones a propietarios que destinen sus viviendas a alquiler social o de precio limitado. Esta medida no solo funciona como castigo a la ilegalidad, sino también como un incentivo para aflorar viviendas en un mercado tensionado.
Además, el decreto facilita la conversión de antiguos establecimientos turísticos —especialmente los que ya no son competitivos— en viviendas para residentes o en residencias para trabajadores del propio sector turístico. Esto podría suponer un alivio importante para zonas donde la escasez de vivienda es crítica, especialmente en temporada alta.
El nuevo texto legal no apuesta por más camas, sino por mejor producto. Se permitirán reformas de hasta un 10 % en superficie en hoteles existentes, pero sin crecer en altura ni añadir nuevas plazas. Estas actuaciones se concentrarán en las zonas que los consells declaren como “saturadas” o “de reconversión”, que deberán contar con planes estratégicos y aspirar a certificaciones de calidad turística.
Además, estas áreas tendrán prioridad a la hora de recibir ayudas públicas, lo que podría marcar una redistribución del esfuerzo inversor desde el crecimiento hacia la mejora del producto turístico ya existente.
El conseller de Turismo defendió la iniciativa apelando a la necesidad de "contener para preservar", subrayando que el objetivo no es limitar por limitar, sino frenar dinámicas que comprometen recursos, servicios y la calidad de vida de los residentes.
Este giro normativo representa una apuesta clara por la sostenibilidad turística, el control de la especulación y la priorización de los residentes en el acceso a la vivienda. El reto ahora está en la implementación efectiva, el seguimiento de su impacto real y la capacidad de las instituciones para equilibrar intereses económicos con necesidades sociales en un archipiélago que vive —y sufre— del turismo.
