Baleares figura entre las comunidades autónomas más afectadas por la presencia de pisos turísticos ilegales en Airbnb, tras la sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a la plataforma de alquiler vacacional. En concreto, el Ejecutivo ha identificado 4.289 anuncios en las Islas sin número de registro, una infracción clave en la normativa autonómica y estatal.
Según los datos facilitados por el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, Baleares se sitúa solo por detrás de la Comunidad Valenciana (21.807 anuncios), Canarias (12.486) y Galicia (6.897), consolidándose como uno de los territorios donde el impacto del alquiler turístico irregular es más significativo. En conjunto, estas prácticas han dado lugar a la detección de 65.122 anuncios ilícitos en toda España, de los cuales 59.229 carecían del número de registro obligatorio.
El peso de Baleares resulta especialmente relevante en un contexto de tensión estructural en el mercado de la vivienda, donde el alquiler turístico ha sido señalado de forma recurrente como uno de los factores que reducen la oferta residencial y elevan los precios, especialmente en Mallorca, Ibiza y Menorca.
Desde Consumo subrayan que estas actuaciones se produjeron antes de la entrada en vigor de la Ventana Única Digital, el nuevo sistema que obliga a incluir un número de registro en todo el territorio nacional. Hasta ahora, la obligación dependía de la normativa autonómica, lo que explica las diferencias territoriales en el número de anuncios sancionados.
A diferencia de Madrid, Andalucía o Extremadura —donde la normativa no exigía de forma expresa el número de registro—, Baleares sí contaba con esta exigencia legal, lo que ha permitido retirar un mayor volumen de anuncios irregulares.
En cuanto a los anuncios con números de registro falsos, el Ministerio ha identificado 5.769 en toda España, concentrados principalmente en Andalucía y Cataluña. Baleares no figura entre las comunidades con mayor incidencia en este apartado.
La sanción a Airbnb y la identificación masiva de anuncios ilegales refuerzan el debate sobre la regulación del alquiler turístico en las Islas, un asunto clave para el equilibrio entre actividad económica, turismo y acceso a la vivienda.
