La nueva Ordenanza municipal para el fomento de la convivencia cívica en Palma, publicada el pasado 30 de enero en el BOIB, ha generado preocupación en el sector turístico. La normativa limita el tamaño de los grupos turísticos a 20 personas, incluyendo al guía, una medida que la Asociación Balear de Actividades Turísticas (ABACTUR) considera perjudicial para la economía local.
Actualmente, los grupos turísticos suelen estar compuestos por entre 35 y 50 personas, por lo que esta nueva restricción incrementaría significativamente los costes de las excursiones, lo que podría traducirse en una menor demanda y un impacto negativo en el comercio del centro de Palma. Además, ABACTUR advierte que en Baleares no hay suficientes guías acreditados para gestionar el aumento de grupos más pequeños, lo que complicaría la operativa turística.
Uno de los sectores más afectados por esta normativa sería el turismo del IMSERSO, clave para mantener la actividad económica durante la temporada baja. La limitación de grupos encarecería los servicios turísticos, lo que podría desincentivar las visitas a Palma en favor de otros destinos con regulaciones más flexibles, afectando directamente a la hostelería, el comercio y las empresas turísticas que dependen de este segmento para sostener su actividad durante los meses menos concurridos.
Ante esta situación, ABACTUR ha presentado una serie de alegaciones para minimizar el impacto de la normativa y garantizar la competitividad de Palma como destino turístico. Entre sus propuestas se encuentra la eliminación de la limitación de grupos turísticos o, al menos, posponer su aplicación hasta el verano de 2026 para permitir una adaptación progresiva. Asimismo, solicita excluir de esta restricción a los grupos turísticos en temporada baja y, especialmente, a los del IMSERSO, garantizando así la continuidad de este segmento clave para la economía local.
El presidente de ABACTUR, Rafa Durán, ha subrayado la necesidad de encontrar soluciones que equilibren la sostenibilidad del turismo con el bienestar de los residentes. “Entendemos la importancia de regular la convivencia en Palma, pero es fundamental evitar medidas que puedan generar un daño irreversible al sector turístico y al comercio. Palma no puede permitirse perder competitividad frente a otros destinos mediterráneos”, explica Durán.
Asimismo, insiste en que el diálogo con las administraciones es clave para encontrar soluciones justas y equilibradas. “Hemos mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Palma y estamos dispuestos a colaborar en la búsqueda de normativas que beneficien tanto a los residentes como al sector turístico. Sin embargo, estas medidas deben diseñarse con prudencia para no perjudicar a miles de trabajadores y empresas que dependen del turismo”.
Con estas propuestas, ABACTUR espera que el Ayuntamiento de Palma reconsidere la aplicación de la nueva ordenanza y abra un espacio de diálogo con el sector turístico para garantizar un modelo de convivencia que no afecte la competitividad y la estabilidad económica de la ciudad.
