La moratoria para ordenar los nuevos proyectos fotovoltaicos en suelo rústico en las Illes Balears entra en vigor mientras se redacta una nueva planificación de las energías renovables y del almacenamiento energético en las Illes Balears. La medida establece la suspensión temporal de las vías prioritarias vinculadas al reconocimiento de la utilidad pública y a la declaración de interés autonómico energético para nuevas instalaciones situadas en suelo rústico.
La medida queda recogida en la Ley 4/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyen a la transformación económica de las Illes Balears y otras medidas de simplificación y racionalización administrativas, publicada en el BOIB.
Esta actuación tiene como objetivo garantizar un desarrollo equilibrado de las energías renovables, compatible con la preservación del territorio, la actividad agraria y los valores ambientales y paisajísticos de las Illes Balears.
La regulación no tendrá efectos retroactivos y, por lo tanto, no afectará a los proyectos que ya dispongan de permisos de acceso y conexión concedidos antes de la entrada en vigor de la ley. También quedan excluidas las instalaciones destinadas al autoconsumo energético, así como las repotenciaciones e hibridaciones de instalaciones existentes.
La nueva ordenación energética tendrá que aprobarse en un plazo máximo de dos años y quedará integrada en el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears, con criterios claros sobre la ubicación y las dimensiones de las instalaciones.
El nuevo marco permitirá identificar las zonas más adecuadas para el desarrollo de proyectos energéticos, establecer criterios sobre su dimensión e integración territorial, y garantizar una mejor coordinación entre la transición energética, la protección del suelo rústico y el desarrollo económico sostenible de las Illes.
