El despliegue de energías renovables en Baleares entra en una nueva fase. El Govern ha definido un marco más claro para evaluar los proyectos de plantas fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento energético con baterías (BESS), en un momento en que el crecimiento del sector exige compatibilizar la transición energética con la protección del territorio.
La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, introduce criterios técnicos y ambientales que buscan ordenar la implantación de estas infraestructuras. El objetivo es evitar conflictos territoriales y reforzar la seguridad jurídica tanto para promotores como para administraciones y ciudadanos.
Uno de los ejes principales es la localización de los proyectos. A partir de ahora, se priorizarán espacios ya transformados —como zonas industriales o suelos degradados— frente a áreas con mayor valor ambiental. Además, se fomenta la integración de usos, especialmente a través de modelos como la agrovoltaica, que permite combinar la producción energética con la actividad agrícola.
El Govern también pone el foco en la convivencia con el entorno. Para ello, establece distancias mínimas respecto a núcleos urbanos, viviendas aisladas, masas forestales y espacios naturales. La medida pretende reducir impactos visuales, preservar el paisaje y minimizar molestias, como el ruido.
En paralelo, los nuevos criterios refuerzan la protección ambiental. Se incrementa la atención sobre hábitats sensibles, corredores ecológicos y zonas incluidas o no en la Red Natura 2000, con especial énfasis en evitar efectos acumulativos derivados de múltiples proyectos en un mismo territorio.
En el caso del almacenamiento energético con baterías, el documento introduce exigencias específicas de seguridad. Se recomienda su instalación en entornos industriales o vinculados a plantas solares ya existentes, junto con la obligatoriedad de análisis de riesgos y planes de protección, en línea con las mejores técnicas disponibles.
Con este paso, el Govern busca equilibrar dos prioridades: acelerar la transición energética y mantener los estándares ambientales de las islas. El nuevo marco no solo pretende agilizar la tramitación de proyectos, sino también garantizar que el crecimiento renovable se produzca de forma ordenada y con menor impacto sobre el territorio.
