El sector porcino de PIMEM ha valorado positivamente la reciente aprobación de la flexibilización normativa por parte del Gobierno de España, que afecta a la identificación de animales y las funciones del veterinario en explotaciones ganaderas. Según el Ejecutivo central, estas modificaciones buscan simplificar los procedimientos administrativos, reducir costes operativos y adaptar las exigencias a las condiciones específicas de cada explotación.
Para el presidente de la Asociación de Empresarios del Sector Porcino de PIMEM, Antoni Mestre, se trata de una medida necesaria: “Es una medida bienvenida, ya que en Mallorca hay muy pocas explotaciones que puedan asumir el coste de un veterinario de granja”.
Cambios en la identificación animal y el plan sanitario
El nuevo real decreto introduce cambios significativos en el sistema de trazabilidad, identificación y registro de determinadas especies animales. Mestre destaca que “es una normativa lógica y coherente con las exigencias necesarias en identificación animal”.
Además, la obligatoriedad de que las explotaciones comerciales dispongan de un plan sanitario integral se ha pospuesto hasta el 1 de junio de 2025. Por otro lado, la figura del veterinario de explotación pasa a ser voluntaria, aunque se mantiene la obligatoriedad de las visitas zoosanitarias. Sobre este punto, Mestre señala: “En el caso de Mallorca, las ADS (Agrupaciones de Defensa Sanitaria) cubren perfectamente todas las necesidades de los animales”.
Medidas para modernizar el sector
Estas modificaciones forman parte de un conjunto de medidas impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con el objetivo de modernizar la normativa ganadera y garantizar su sostenibilidad económica y ambiental.
El Gobierno asegura que estas nuevas regulaciones mantendrán los altos estándares de sanidad animal y trazabilidad, fundamentales para la competitividad del sector en los mercados nacionales e internacionales.
El sector porcino de Mallorca, caracterizado por sus pequeñas explotaciones, considera que esta normativa es un paso adelante para asegurar la viabilidad económica y la sostenibilidad de sus actividades.
