El Govern balear ha logrado bloquear la propuesta para permitir la inscripción en los servicios públicos de empleo de personas migrantes en situación irregular, una iniciativa impulsada a nivel estatal que finalmente ha quedado en suspenso ante la falta de apoyo territorial. La decisión se produjo tras una reunión clave en la que diez comunidades autónomas votaron en contra, forzando al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a retirar temporalmente el planteamiento.
Desde Baleares, la negativa no ha sido improvisada. El Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB) ya había advertido meses atrás de los riesgos legales y operativos de la medida. En concreto, el Govern alertó de la inexistencia de un marco normativo estatal claro que respaldara esta inscripción, lo que, a su juicio, podría generar inseguridad jurídica tanto para la administración como para los propios usuarios del sistema.
Además, uno de los puntos más críticos señalados por el Ejecutivo autonómico ha sido la falta de definición sobre qué ocurriría en caso de resoluciones desfavorables en los expedientes de extranjería. La ausencia de protocolos claros, según el SOIB, podría traducirse en disfunciones en la gestión diaria de los servicios de empleo y en una sobrecarga administrativa difícil de asumir con los recursos actuales.
El rechazo conjunto de varias comunidades —nueve de ellas alineadas con Baleares— evidencia la falta de consenso sobre una medida que pretendía ampliar el acceso al sistema público de empleo, pero que ha chocado con importantes reticencias jurídicas y de gestión.
Desde el Govern insisten en que cualquier reforma en este ámbito debe partir de una regulación estatal sólida, acompañada de financiación suficiente y garantías legales, para no comprometer la eficacia de las políticas activas de empleo ni la seguridad del sistema. Mientras tanto, el debate queda abierto a la espera de una nueva propuesta que logre mayor respaldo institucional.
