El crecimiento de las bajas laborales ha dejado de ser únicamente una cuestión sanitaria para convertirse en uno de los principales desafíos económicos y laborales del país. Con una mesa de diálogo social abierta desde hace dos años y sin avances relevantes, el debate enfrenta ahora tres visiones muy diferentes sobre cómo contener el aumento de la incapacidad temporal.
El Ejecutivo busca fórmulas para agilizar la gestión de las bajas y reducir su impacto sobre el sistema. Las empresas alertan del creciente coste que soportan y reclaman una mayor implicación de la Seguridad Social. Los sindicatos, en cambio, sostienen que el problema no se resolverá recortando derechos, sino mejorando las condiciones laborales y la prevención.
Aunque la polémica se ha intensificado recientemente, la inquietud por el aumento de las bajas médicas ya quedó reflejada en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en 2023 por sindicatos y patronal. Ambas partes coincidían entonces en la necesidad de reducir los tiempos de espera y aprovechar mejor los recursos disponibles.
La principal medida adoptada hasta la fecha ha sido permitir que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social puedan realizar determinadas pruebas diagnósticas en patologías traumatológicas, responsables de una gran parte de las bajas. Sin embargo, la aplicación práctica de esta medida ha avanzado lentamente y solo un reducido número de comunidades autónomas ha formalizado acuerdos de colaboración.
Propuestas sobre la mesa, pero sin consenso
En estos dos años han aparecido varias iniciativas que no han logrado convertirse en acuerdos. La ministra de Sanidad, Mónica García, planteó la posibilidad de una autobaja de tres días para procesos leves, mientras que la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, defendió una alta progresiva que facilitara la reincorporación gradual tras enfermedades de larga duración.
Ninguna de las dos propuestas consiguió el respaldo suficiente para avanzar. Desde entonces, el diálogo permanece prácticamente paralizado.
La AIReF pone el foco en las bajas de larga duración
El informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) añadió un nuevo elemento al debate. El organismo concluyó que una parte relativamente pequeña de los trabajadores concentra más de la mitad de los procesos de incapacidad temporal y recomendó una intervención más temprana del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para evitar que algunos expedientes se prolonguen innecesariamente.
Tras este análisis, el Gobierno anunció la puesta en marcha del Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, aunque por ahora no se han concretado nuevas medidas.
Quién paga y cómo se previene
La mayor discrepancia se encuentra en las soluciones. La patronal reclama que la Seguridad Social asuma el coste de determinadas prestaciones que actualmente pagan las empresas, pide incentivos para las contrataciones de sustitución y plantea revisar algunos complementos salariales vinculados a las bajas.
Los sindicatos rechazan este enfoque y sostienen que el aumento del absentismo está relacionado también con factores como la carga de trabajo, la organización de las jornadas, el estrés o la falta de prevención. Entre sus propuestas figuran una mayor flexibilidad horaria, menos horas extraordinarias, más teletrabajo cuando sea posible y un refuerzo de la salud laboral.
El gran debate pendiente del mercado laboral
El resultado es un escenario de bloqueo. Todos los actores reconocen que las bajas laborales han alcanzado una dimensión que exige respuestas, pero nadie comparte la misma receta.
Mientras el Gobierno intenta reactivar las conversaciones, el absentismo sigue creciendo y aumenta la presión para encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad económica del sistema, las necesidades de las empresas y la protección de los trabajadores. Ese equilibrio, por el momento, continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes del diálogo social español.
