El Govern de les Illes Balears ha solicitado la retirada inmediata del anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral ordinaria, argumentando que esta medida “amenaza la paz social” y debe ser negociada en diálogo con los agentes sociales. La Conselleria de Empresa, Empleo y Energía, a través de la dirección general de Trabajo, ha presentado sus alegaciones al borrador de esta ley que contempla cambios en la jornada máxima de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión.
Catalina Cabrer, secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social, ha señalado que “este Govern no está de acuerdo con este anteproyecto de ley” y ha pedido al Gobierno estatal que rectifique. Según ha destacado, la jornada laboral debe ser objeto de negociación colectiva, tal como estipula el Estatuto de los Trabajadores, y no puede ser impuesta unilateralmente.
Cabrer ha explicado que “estas medidas de fuerte impacto social y económico deben nacer del diálogo social, previniendo las necesidades tanto de los trabajadores como de las empresas y los autónomos”. Además, ha subrayado que la imposición de esta ley generará tensiones que pondrán en peligro la paz social, condición imprescindible para que un territorio pueda desarrollar sus proyectos y afrontar los problemas actuales.
La secretaria autonómica ha recordado que las Illes Balears lideran la creación de empleo, con una media de 570.000 afiliados a la Seguridad Social, y una tasa mensual de parados que apenas supera los 29.000. “Esto es el resultado del esfuerzo del tejido empresarial, los autónomos y los trabajadores, que han demostrado ser eficientes con jornadas pactadas mayoritariamente de 40 horas semanales, según los convenios colectivos sectoriales”.
Cabrer ha añadido que la ministra Yolanda Díaz no ha reflexionado sobre las particularidades económicas y laborales de cada territorio, y esto preocupa al Ejecutivo balear. “Las medidas deben nacer del diálogo y el acuerdo con los agentes sociales. Las patronales y los sindicatos son igualmente importantes y deben ser escuchados”.
Otra de las críticas al anteproyecto es que no contempla las diferencias específicas de cada Comunidad Autónoma. “Las Balears tienen un sistema económico basado en el sector servicios, que es referente a nivel nacional e internacional, pero con una carencia de personal. No podemos aceptar que se impose una medida sin considerar las particularidades de nuestro territorio y sector”.
El Govern, por tanto, reafirma su compromiso con el diálogo social, insistiendo en que las medidas laborales deben ser discutidas y pactadas con las patronales y los sindicatos, para garantizar que se adapten a las necesidades locales y no perjudiquen la estabilidad laboral y social en las Illes Balears.
