A la reunión de trabajo también han asistido el director general de Energía y Cambio Climático, Diego Viu, y el gerente del Instituto Balear de la Energía (IBE), Mateu Ferrer.
El conseller ha explicado que una de las modificaciones más relevantes es la inclusión del concepto de interés autonómico energético en el reconocimiento de los proyectos de utilidad pública, al tiempo que se aprovechará para trasponer directivas europeas que permitirán la aceleración de las renovables, aplicando el interés público superior.
De esta manera, según ha indicado, se introduce un concepto específico que se desarrollará y explotará en la futura Ley de proyectos estratégicos autonómicos y que permitirá dar prioridades y beneficios a los proyectos energéticos, entre otros, con el objetivo de facilitar su tramitación y agilizar todos los procesos administrativos.
El reconocimiento del interés autonómico energético en los proyectos de utilidad pública, ha continuado el conseller, irá acompañado de la simplificación de los procesos de información pública con la publicación en el BOIB y la página web de la Dirección General de Energía y Cambio Climático.
De esta manera se reducen trámites paralelos que dependen de la Administración y que retrasan el proceso de información. Así mismo, con la intención de simplificar los trámites, se propone que las administraciones tengan 30 días para informar sobre proyectos energéticos y que, en caso de silencio, este sea positivo.
De acuerdo con la propuesta de la Conselleria, se podrán tramitar o modificar por separado las instalaciones de almacenamiento y de líneas de evacuación y esta circunstancia no implicará un retraso en la tramitación o en la simplificación administrativa de interés superior. Sáenz de San Pedro ha indicado que «entendemos que el almacenamiento es necesario para integrar las renovables en la red y que nos tiene que ayudar. Por lo tanto le damos la máxima prioridad».
Por otra parte, con el objetivo de dotar de mayor transparencia y agilidad la tramitación de subvenciones y procedimientos, la Conselleria plantea la obligatoriedad de la gestión electrónica de los trámites relacionadas con la Dirección General de Energía y Cambio Climático. De esta manera, se favorecerá, no sólo la agilidad de las consultas y la mejora de los tiempos de tramitación, sino que también se influirá positivamente en el desarrollo de alicaciones y procesos de robotización.
La iniciativa de simplificación de trámites en materia energética armoniza algunos parámetros urbanísticos sobre ocupación y edificabilidad que eliminarán disparidades de interpretación en el sistema y que constituyen un freno a la implantación de renovables.
Finalmente, la normativa prevé que los puntos de carga en vía pública que se convenien con ayuntamientos o con el Instituto Balear de la Energía (IBE), a través de la MELIB, tengan la condición de servicio público, lo que permitirá derribar una de las barreras administrativas más comunes a la hora de desplegar infraestructuras de carga para la movilidad eléctrica. Así, se ofrece un impulso para que tanto el IBE como las administraciones publicas o aquellos que quieran conveniar con ellos puedan poner puntos a pie de calle donde realmente sean útiles.
