Mateo Juan, socio director de Buades Legal, ha sido galardonado con el premio Best Lawyer of the Year, en la categoría de litigación. Este galardón se otorga exclusivamente a un abogado por cada región y por área de especialización, en una selección que abarca más de una veintena de capitales españolas. En esta entrevista trata diversos temas del ámbito de la justicia como la revisión de las ayudas COVID, el estado del sistema judicial español, la incursión de la Inteligencia Artificial, etc.
-¿Que supone este reconocimiento para usted?
-Es un reconocimiento que siempre hace ilusión porque uno siempre trabaja duro y que le reconozcan, de tanto en tanto, las implicaciones de trabajar duro, pues siempre es ilusionante. Además, es un premio que yo creo que tiene especial significación, por el hecho de que es un premio elegido por pares, quiero decir, que ha sido la votación de abogados pues las que han determinado que me reconozcan como Best Lawyer of the Year este año.
-¿En que ámbito del derecho está especializado?
Yo estoy especializado en tanto en derecho público, esto es derecho administrativo, como en derecho mercantil, especialmente en derecho concursal, y cualquier tipo de litigio mercantil que pueda haber.
-En los últimos años se han producido reformas que han restringido los mecanismos de segunda oportunidad. ¿La pandemia ha marcado un antes y un después en este ámbito?
-La pandemia, curiosamente, ha sido menos determinante de lo que parecía que iba a ser, al menos si atendemos al número de concursos que ha habido con posterioridad. Es verdad, que la pandemia COVID introdujo toda una serie de moratorias en materia concursal, es decir, toda persona física o jurídica tiene la obligación de declararse en concurso de acreedores si es insolvente, si no tiene la posibilidad de pagar las deudas a su vencimiento.
Si debo un dinero y no tengo disponibilidad, liquidez para pagarlo, tengo la obligación legal de declararme en concursos. Establecer una moratoria y todos los operadores esperábamos que, después de la moratoria, viniera una avalancha de concursos. La realidad es que por H o por B no ha sido así, no ha habido una avalancha.
Evidentemente hay concursos, hay muchos concursos, es un mecanismo útil y necesario, pero no ha habido esa avalancha que se esperaba. Hablando con compañeros y, sobre todo, hablando también con los titulares de los jugados de la mercantil de aquí de Palma, pues hay una cierta extrañeza sobre esa avalancha que parecía que iba a llegar y que no ha llegado. Sí que se ha visto un auge evidente en materia de concursos de persona física.
Muchos autónomos que han visto que a razón de la pandemia y, sobre todo, el parón de actividad exigido por el Estado de alarma, etc, pues se han visto abocados al concurso de acreedores. Esto sí se ha visto un repunto importante y luego también a nivel de incluso personas físicas, consumidores o empresarios que arrastraban deuda histórica y que se han dado cuenta con el tiempo, al crecer la cultura e instaurarse más la cultura de la insolvencia en España, pues se han dado cuenta de que realmente acudir a una segunda oportunidad, acudir a un concurso de acreedores, puede ser una solución.
-Otro tema derivado de la pandemia es la revisión de las ayudas COVID….
-El tema de las ayudas COVID, es verdad que a razón de la pandemia las administraciones, como era de esperar, pues salieron al paso para ofrecer una serie de ayudas a los distintos operadores para que pudieran, de alguna manera, sufragar los costes derivados de esta inactividad y de estos sobrecostes en materia de pandemia. Aquí, en Baleares, pues hemos tenido una problemática, o estamos teniendo, una problemática importante relacionada a los procedimientos de reintegro de ayudas COVID. El origen de esta problemática está en que se solicitaron muchas ayudas, se concedieron muchas ayudas y, sin embargo, ahora se están revisando con un cambio de criterio respecto al que existía en el momento de la concesión.
Hay muchas empresas que tenían que justificar un número determinado de pérdidas relacionadas con un número determinado de operaciones para obtener la máxima ayuda, que en el momento eran 500.000 euros, que se amplió hasta 600.000 euros. Entonces las empresas justificaban estas pérdidas hasta el tope máximo que se pedía y, además, aportaban la documentación que se pedía en ese momento.
¿Qué sucede? Que, al cambiarse ahora las reglas, muchas empresas que podrían haber acreditado una mayor deuda o por operaciones distintas a las que acreditaron, no lo hicieron porque ya habían llegado al tope y, sin embargo, ahora que han cambiado se ven obligados, pese a tener unas deudas muy superiores a las que se exigían, se ven obligados a devolver parte de estas ayudas.
-¿Qué opina de la voracidad de la administración pública en la derivación de responsabilidad a los administradores de sociedades?
-Es una cuestión compleja. Yo creo que la derivación de responsabilidad a los administradores de sociedades, igual que a cualquier deudor subsidiario y en todos los supuestos que regula la ley general tributaria, en definitiva, pues es un mecanismo del que dispone la administración para perseguir a aquel que ha incumplido sus obligaciones y, al final, para restaurar e integrar en el erario público aquello que debería haber entrado.
El problema está en aquellos supuestos en que la derivación atiende a circunstancias, digamos, más que discutibles. La problemática es más práctica, no de concepto, sino que, en el momento en que a alguien se le deriva responsabilidad, pues se encuentra en una situación compleja, tiene que recurrir, pero se encuentra con unos mecanismos y unas prerrogativas de la administración que, al final, hacen que sea , que en la práctica uno ya esté totalmente condicionado, con independencia de que para ir a un contencioso administrativo, tiene que pasar tantos pasos previamente que, al final, uno llega ya, digamos así, muerto económicamente cuando tiene que ir al juzgado.
"Hay que dotar a la administración de justicia de más medios, tanto personales como tecnológicos"
-¿Cuál es su opinión sobre el sistema judicial español?
- Yo creo que el sistema judicial español es, sin lugar a duda, mejorable, como todos, y además es necesario que así sea, porque la justicia lenta no es justicia. A día de hoy, pues, está claro que hay toda una serie de retrasos en la tramitación de los procedimientos, que es difícil encontrar un culpable. Hay un aumento de litigiosidad, hay pocos medios, desde luego, hay que dotar a la administración de justicia de más medios, tanto personales como tecnológicos, esto está claro. Hay que reconocer también que se están intentando hacer reformas legislativas que agilicen la tramitación de los procedimientos.
Por ejemplo, tenemos ahora la ley de eficiencia procesal, que hace una modificación sustancial y de calado en todo el procedimiento, además de agilizar mucho los procedimientos de juicios verbales, permitiendo incluso sentencias orales, también se constituye, por ejemplo, las oficinas judiciales únicas, los juzgados, los tribunales de instancia dejarán de existir, pues a día de hoy tenemos aquí en Palma 24 juzgados de primera instancia, esto va a desaparecer, tendremos un tribunal único de instancia y que se distribuirá después en secciones y con una oficina judicial única.
Entonces, sí que se están haciendo intentos para agilizar al máximo la tramitación de los procesos, tanto en los juicios verbales como, por ejemplo, en esta tramitación también se incluyen en esta reforma legislativa medios alternativos de solución de controversia, es decir, se obligará a todo el mundo que quiera litigar antes de acudir al juzgado a intentar solucionar extrajudicialmente todos sus problemas, con negociaciones, con mediación, con ofertas vinculantes, con una serie de mecanismos que prevé la reforma que entrará en vigor además en abril.
Entonces, yo creo que existe una conciencia de que la cosa debe cambiar, de que hay que cambiar porque no es de recibo y esto lo sufrimos muchos operadores, que alguien ponga una demanda en 2024 y le señalen vista para 2026, esto no puede ser, esto con independencia de cuál sea el resultado, la insatisfacción de las dos partes siempre va a existir.
-¿Cuales cree que son las principales causas que provocan la saturación de los juzgados?
La saturación de los juzgados pues al final yo creo que responde a múltiples cuestiones. Una, la necesidad de modernización de la justicia, es verdad que sobre todo a partir de 2015 se han producido toda una serie de reformas tendentes a dotar de medios telemáticos a la administración, pero nos encontramos en la práctica todavía con problemas pues por ejemplo para poder hacer juicios telemáticos, por ejemplo, muchos juzgados no tienen los medios para hacerlos, incluso la exhibición de documentos en sala muchas veces deja problemas o la declaración de testigos por videoconferencia.
Faltan medios técnicos, y desde luego, también faltan medios humanos. Ha habido un fenómeno en la última década que es la proliferación de pleitos masivos como condiciones generales de la contratación, en el ámbito del derecho bancario o reclamaciones de vuelos, reclamaciones de indemnizaciones por retrasos, etcétera, que han saturado realmente los juzgados, pues es necesario establecer también parámetros claros.
-¿Cómo ve la incursión de la Inteligencia artificial en el ámbito del derecho?
-La inteligencia artificial, al final, significa progreso, y el progreso siempre es positivo, pero siempre exige un deber de actualizarse, de adecuarse a las nuevas circunstancias. Entonces, quien quiera negar la existencia, ya no digo el futuro, sino la presencia actual de la inteligencia artificial, pues se está engañando. Desde luego la profesión de la abogacía debe adecuarse a la inteligencia artificial. Desde luego no viene a eliminar a los abogados, los abogados no van a desaparecer con inteligencia artificial, pero deberán aprender a utilizar la inteligencia artificial.
"La inteligencia artificial lo que va a sustituir son los trabajos que no aportan valor"
La inteligencia artificial lo que va a sustituir son los trabajos que no aportan valor. Al final, un modelo de un documento, de una reclamación, de un contrato de arrendamiento, todo esto lo va a hacer la inteligencia artificial. La búsqueda de jurisprudencia, incluso el primer diagnóstico jurídico, posiblemente lo va a hacer la inteligencia artificial.
Siempre hará falta un abogado que sepa utilizar, interpretar y, sobre todo, establecer una estrategia con aquella información que nos dé la inteligencia artificial. Entonces, nosotros, por ejemplo, como firma, la inteligencia artificial nos ocupa y nos preocupa, intentamos adaptar nuestros procesos internos para sistematizarlos mejor de cara al uso de la inteligencia artificial, pero también cómo servirnos de la inteligencia artificial como un auténtico asesor, como un auténtico adjunto, por decirlo de alguna manera, al abogado que pueda al final permitir una mayor economía del tiempo.
