La nueva ley de morosidad, salida del Congreso de los Diputados sancionará con multas de entre 6.000 y 1 millón de euros la morosidad en las operaciones comerciales además de frenar la competencia desleal
La propuesta impulsada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la cual forma parte PIMEM, supone que las grandes empresas y administraciones públicas deban cumplir los plazos de pago a sus proveedores y suministradores.
Ahora según Jordi Mora presidente de PIMEM “ahora, a pesar del contexto que vivimos, podremos cobrar las facturas, reducir el endeudamiento y ayudar a las pymes a ser más competitivas y es que si las empresas pudieran cobrar al día no serían necesarios tantos avales del Estado".
La Comisión de Reconstrucción del Congreso para la reactivación económica ha acordado la aprobación de un régimen sancionador contra la morosidad de las empresas y a su vez impulsar mecanismos para que la administración pública cumpla con los plazos de pago a las empresas suministradoras.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, ha visto hecho realidad una demanda histórica y según el presidente de dicha plataforma y de la PIMEC, Antoni Cañete.
Por su parte Jordi Mora asegura que “después de 11 años luchando para este objetivo al fin se han dado los pasos necesarios para proteger a las pequeñas y medianas empresas”.
Para el vicepresidente de la Plataforma Pymes y Presidente de la Plataforma contra la Morosidad, Antonio Cañete, poner fin a la morosidad es un “elemento esencial de viabilidad y competitividad de un país; el régimen sancionador supondrá un punto de inflexión en la economía del país”. La iniciativa de JxCAT “no trata de aumentar la recaudación con las multas sino de que las empresas puedan tener liquidez precisamente en estos tiempos de crisis económica” asegura el responsable de economía del partido, Ferran Bel.
El efecto directo de este régimen sancionador será la inyección al sistema de los más 150.000 millones de euros correspondientes a las facturas pendientes de pago a proveedores por parte de las empresas cotizadas y administraciones públicas, sin riesgos y sin comprometer el balance de las empresas ni del país.
