Desde el Consolat de Mar no esconden su preocupación: consideran que esta resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ignora por completo la singularidad del territorio balear y amenaza con agravar la presión sobre un litoral ya saturado. Para el Govern, se trata de una decisión que compromete gravemente la sostenibilidad medioambiental de la costa, fomenta la especulación náutica y choca frontalmente con el modelo turístico que defienden para las islas.
Aunque la normativa no será plenamente operativa hasta el 15 de agosto —fecha en la que entra en vigor el nuevo Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima (RONM)—, el Govern ya ha anunciado que no permitirá esta actividad en los puertos de su competencia. “No vamos a autorizar alquileres turísticos de embarcaciones privadas sin una regulación clara, específica y adaptada a la realidad balear”, han insistido fuentes del Ejecutivo.
Respaldo del sector náutico y rechazo unánime
El Govern no está solo en su batalla. Las principales patronales del sector náutico y los clubes náuticos de las islas han cerrado filas en torno al Ejecutivo autonómico y han manifestado públicamente su oposición a la liberalización del alquiler de embarcaciones de recreo sin un marco normativo insular. La preocupación compartida es clara: el aumento descontrolado de estas actividades podría suponer un nuevo factor de saturación en zonas ya altamente tensionadas, tanto desde el punto de vista ambiental como turístico.
Sin diálogo ni consenso: el Govern lamenta la unilateralidad del Estado
Una de las críticas más duras que lanza el Ejecutivo balear es el modo en que se ha tramitado esta medida: sin diálogo previo con las comunidades autónomas afectadas y sin una evaluación específica del impacto en territorios especialmente sensibles como Balears.
“El Estado tiene competencias sobre el ámbito marítimo, pero no puede legislar a espaldas de la realidad insular ni poner en riesgo nuestro modelo de gestión costera, basado en la sostenibilidad, la seguridad y el respeto al entorno”, advierten desde el Govern.
Mientras el reloj avanza hacia la aplicación efectiva del nuevo reglamento, el Ejecutivo balear acelera los trabajos jurídicos para activar todos los mecanismos posibles que frenen una normativa que, sostienen, pone en jaque el frágil equilibrio del litoral de las islas. La batalla por el mar balear ha comenzado.
