Las criptomonedas en España han llegado para quedarse. Buena muestra de ello son las últimas actualizaciones publicadas por la Agencia Tributaria respecto a las obligaciones fiscales para quienes gestionan este tipo de activos. Inversores, traders y entusiastas del mercado cripto deben prestar atención a las novedades que entrarán en vigor en 2025.
El gobierno español prevé mayor rigor y transparencia en las declaraciones de ganancias, pérdidas y saldos en activos digitales durante este año. Aunque la regulación aún no incluye todos los tipos de tokens y continúa en fase de implementación, especialmente en relación con la normativa MiCA, que da sus pasos definitivos ahora en 2025, la tributación ya es obligatoria.
Las reglas están más claramente definidas. Los contribuyentes deben entender que las operaciones con criptomonedas forman parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio, además de verificar las referencias fiscales específicas (CR1, CR2, CR3) que pueden aparecer en sus datos tributarios.
Además, el uso de criptomonedas no se limita únicamente a inversiones. Muchos usuarios utilizan estos activos digitales para hacer compras, contratar servicios y otras actividades cotidianas que, hoy en día, pueden realizarse con monedas digitales.
Sin embargo, siempre que exista variación patrimonial o se posean criptomonedas por encima de los límites establecidos, será obligatorio declararlas. Por tanto, incluso si se trata únicamente de jugar a slots con Bitcoin, al gestionar estos tokens es necesario tener claro qué normativa aplica al hacer la declaración del IRPF.
Incremento del uso de criptomonedas en España
Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aproximadamente el 10% de los españoles ha invertido o realizado transacciones con criptomonedas en algún momento. Este porcentaje sigue aumentando año tras año, impulsado por la búsqueda de alternativas de inversión en activos digitales.
La popularización de plataformas de trading también tiene un gran papel en este incremento. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha informado que la expansión del sector cripto en el mercado europeo ha llevado a varios países a reforzar la vigilancia, garantizando así la correcta recaudación fiscal.
En España, la Agencia Tributaria está prestando una atención especial a las operaciones con Bitcoin y otras criptomonedas, implementando paulatinamente nuevas normativas. Algunas de estas regulaciones ya comenzaron a aplicarse en 2024 y ahora, en 2025, servirán como base para controles fiscales aún más estrictos.
Comprendiendo las referencias fiscales y las obligaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio
Para aquellos que negocian criptomonedas mediante exchanges situados en España o mantienen cuentas bancarias españolas vinculadas a servicios de criptoactivos, resulta crucial conocer las referencias fiscales que pueden figurar en su declaración.
Por ejemplo, la referencia CR1 indica que el contribuyente ha efectuado algún tipo de operación con una exchange utilizando una cuenta bancaria española para movimientos de fondos, ya sean depósitos o retiradas. Por su parte, la referencia CR2 señala la existencia de saldo en exchanges ubicadas en territorio español, incluso aunque no haya habido mucha actividad de compraventa durante el periodo fiscal correspondiente.
La referencia CR3, en cambio, identifica transacciones concretas de venta o intercambio de criptomonedas realizadas en exchanges con sede en España. Estos datos suelen aparecer especialmente cuando se obtienen ganancias o pérdidas derivadas del movimiento de activos digitales.
La Agencia Tributaria recalca que la declaración de rentas derivadas de criptomonedas debe incluir una descripción clara de cada operación efectuada. Esto abarca desde intercambios de criptomoneda a moneda fiduciaria, criptomoneda por otra criptomoneda, adquisiciones de NFTs, entre otros, especificando claramente la fecha y el valor de cada transacción.
Las autoridades fiscales españolas esperan que los contribuyentes detallen no solo la cantidad de criptos implicadas, sino también su equivalente exacto en euros en el momento en que se realizó la operación.
Además, quienes posean criptomonedas están obligados a informar del saldo exacto de cada activo digital que tenían a fecha de 31 de diciembre de 2024, considerando la cotización en euros correspondiente a ese día. En caso de que el valor total de los criptoactivos supere los límites establecidos por la ley, el contribuyente puede estar sujeto al pago del impuesto pertinente.
Con esta regulación se pretende equiparar los activos digitales con otros bienes patrimoniales, como inmuebles o inversiones financieras tradicionales. La tendencia actual apunta a un incremento en los cruces de información para detectar posibles omisiones o irregularidades.
Los bancos españoles proporcionan al Fisco información sobre depósitos y retiradas relacionadas con plataformas de criptomonedas. Asimismo, las propias exchanges domiciliadas en España pueden facilitar informes detallados sobre las operaciones realizadas por sus usuarios.
Con la implementación de estas nuevas directrices, España busca, entre otros objetivos, reducir la evasión fiscal asociada a las criptomonedas. Cualquier contribuyente que intente eludir estas obligaciones fiscales se expone a penalizaciones.
Estas sanciones van desde multas proporcionales a los importes no declarados hasta el bloqueo de cuentas bancarias o investigaciones más exhaustivas sobre el patrimonio. Según datos del Ministerio de Hacienda español, entre los años 2021 y 2024, los procesos administrativos relacionados con activos digitales se incrementaron en más de un 25%.
