Las asociaciones legalmente constituidas de escars de Santanyí, Llucmajor y Port de Canonge, junto con la Asociación de Escars de Mallorca, actualmente en fase de constitución, han expresado públicamente su respaldo a la futura Ley de Ordenación y Gestión Integral del Litoral, aunque advierten de la necesidad urgente de coherencia en su aplicación administrativa.
Las entidades valoran positivamente que la nueva norma contemple la identificación y preservación de construcciones con valor etnológico, antropológico y social, entre ellas los escars y casetas tradicionales vinculadas históricamente a la actividad marítima artesanal.
Los escars no son edificaciones residenciales ni estructuras concebidas con fines urbanísticos o turísticos. Se trata de construcciones funcionales y austeras, integradas en el paisaje, destinadas a resguardar embarcaciones tradicionales y facilitar la pesca artesanal. Constituyen, según las asociaciones, un patrimonio cultural vivo esencial en la identidad litoral de Mallorca y del conjunto de las Illes Balears.
En este sentido, las asociaciones consideran acertado que la futura ley prevea inventarios insulares rigurosos, criterios objetivos de reconocimiento y un régimen específico de conservación que impida ampliaciones, transformaciones sustanciales o cambios de uso incompatibles con su naturaleza original.
Denegaciones contradictorias
Sin embargo, las asociaciones muestran su preocupación por la práctica administrativa actual en materia de concesión. Según denuncian, numerosos expedientes relativos a escars se están denegando por parte de la Dirección General de Costas.
En muchos casos, explican, la denegación se fundamenta en criterios estrictamente formales o en interpretaciones literales de la normativa estatal que no siempre atienden a la singularidad patrimonial de estas construcciones.
Además, señalan una paradoja preocupante: en determinados supuestos se rechaza la concesión por no haberse ejecutado obras de reforma y, en otros, se deniega precisamente por haber intervenido en la estructura sin título concesional previo.
“Nos encontramos ante una situación de clara inseguridad jurídica. Se está exigiendo a los titulares una coherencia administrativa que no siempre existe en los propios criterios aplicados”, afirma el presidente de la asociación, Mateo Cunill.
“Si queremos preservar de verdad los escars, necesitamos reglas claras, homogéneas y coordinadas entre administraciones. No podemos proteger sobre el papel mientras en la práctica se dificulta su conservación”, añade Cunill.
Llamamiento a la coordinación institucional
Desde una perspectiva institucional y constructiva, las asociaciones consideran imprescindible que la futura ley autonómica vaya acompañada de una adecuada coordinación con la Administración General del Estado, de forma que los criterios de concesión se alineen con la voluntad de protección patrimonial reconocida normativamente.
“La preservación del patrimonio etnológico marítimo no puede depender de interpretaciones dispares. Proteger los escars es proteger cultura, historia y paisaje, pero hacerlo con seguridad jurídica es la condición indispensable para que esa protección sea real y efectiva”, concluye Mateo Cunill.
Las asociaciones confían en que la nueva Ley de Ordenación y Gestión Integral del Litoral no solo reconozca formalmente el valor de los escars, sino que también propicie un marco de colaboración entre las administraciones que permita resolver las actuales disfunciones y otorgar estabilidad jurídica a quienes mantienen vivo este legado tradicional.
