La patronal de pequeñas y medianas empresas de Mallorca, PIMEM, ha llevado esta semana a Bruselas las principales dificultades estructurales que afrontan las pymes de los territorios insulares. Lo ha hecho en una reunión con la secretaria general de SME United, Veronique Williams, en la que su presidente, Jordi Mora, ha reclamado una revisión urgente del marco europeo de ayudas públicas para adaptarlo a la realidad económica de las islas.
Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido el régimen de ayudas de mínimis, subvenciones de pequeña cuantía que los Estados pueden conceder sin autorización previa de la Comisión Europea. En el caso de los territorios insulares, el límite actual se sitúa en 300.000 euros, una cifra que PIMEM considera claramente insuficiente. La patronal mallorquina propone elevar este tope hasta 500.000 euros o, incluso, suprimirlo, al entender que el actual sistema penaliza la competitividad de las empresas insulares frente a las del continente.
Desde PIMEM advierten de que los sobrecostes derivados de la insularidad —logística, transporte, dependencia exterior o menor dimensión empresarial— hacen que las reglas actuales no garanticen una competencia en igualdad de condiciones dentro del mercado único.
Durante la reunión también se abordó la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos de origen europeo, especialmente en lo relativo a ayudas, programas y proyectos comunitarios. Mora subrayó que las pymes mantienen una relación cada vez más intensa con Bruselas, pero carecen de los recursos humanos y técnicos necesarios para gestionar procesos administrativos complejos.
“La simplificación no es una cuestión menor: es clave para que las pequeñas empresas puedan acceder realmente a los fondos europeos y cumplir con la normativa sin verse desbordadas”, señaló el presidente de PIMEM.
Otro de los temas puestos sobre la mesa fue el absentismo laboral, un fenómeno que presenta realidades distintas según los países, pero que, según la patronal mallorquina, requiere una visión coordinada a escala europea. La creciente interconexión entre empresas y mercados laborales hace, a juicio de PIMEM, imprescindible abordar este problema desde una perspectiva común.
La crisis de acceso a la vivienda fue uno de los asuntos que generó mayor preocupación. PIMEM explicó que los elevados precios de compra y alquiler en Mallorca y el resto del archipiélago están dificultando seriamente la llegada de trabajadores procedentes de la península y de otros países europeos.
Esta situación afecta de forma directa a sectores clave como el turismo y la restauración, donde muchas empresas tienen problemas para cubrir vacantes. La patronal pidió a SME United que impulse propuestas europeas que faciliten la creación de vivienda asequible orientada a trabajadores en movilidad temporal, una necesidad creciente para el buen funcionamiento de las pymes.
La agenda de la visita se completó con un encuentro con miembros del Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo que reúne a representantes de empresarios, sindicatos y otros colectivos. Actualmente, 21 miembros representan al Estado español, siete de ellos del ámbito empresarial, entre los que se encuentra por primera vez un representante de PIMEC, patronal catalana con la que PIMEM mantiene una estrecha colaboración.
Jordi Mora recordó que el CESE es “el único espacio institucional europeo que permite el diálogo estructurado entre intereses económicos y sociales” y destacó su papel como vía formal para que las pymes puedan influir en la elaboración de la legislación comunitaria.
