El Ajuntament de Felanitx ha logrado desencallar un conflicto urbanístico que permanecía bloqueado desde hace casi dos décadas en la calle Socors. La Junta de Gobierno Local ha aprobado requerir formalmente a la propiedad afectada la cesión gratuita y obligatoria de una parcela destinada a vial público, con una superficie de más de 320 metros cuadrados.
La resolución se basa en un informe jurídico municipal emitido este mes de mayo y pone fin a un expediente iniciado en 2009, cuando el consistorio concedió una licencia de segregación que permitió dividir una finca original en tres parcelas: dos edificables y una tercera reservada para vial público.
Según recordó el Ayuntamiento, aquella licencia ya establecía expresamente que las parcelas edificables no podrían adquirir la condición de solar hasta que se cumpliera una serie de requisitos urbanísticos, entre ellos la cesión gratuita del terreno destinado al vial a favor del municipio. Sin embargo, pese a haberse beneficiado de la segregación urbanística, la propiedad no había formalizado hasta ahora dicha cesión.
El caso tomó un nuevo rumbo en noviembre de 2023, cuando la representación legal de la propiedad presentó una solicitud de expropiación forzosa por ministerio de la ley sobre la totalidad del vial, alegando que el terreno estaba calificado como camino público. La reclamación incluía además una compensación económica por una pequeña construcción de 24 metros cuadrados destinada a almacén ubicada en la parcela.
No obstante, los servicios jurídicos municipales han rechazado la petición al considerar que la normativa urbanística vigente —desde la Ley del Suelo de 1976 hasta la actual Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB)— obliga a los propietarios de suelo urbano a ceder gratuitamente los terrenos destinados a viales como condición indispensable para obtener la condición de solar edificable.
El informe concluye que se trata de una carga urbanística vinculada al beneficio obtenido con la segregación aprobada en 2009, por lo que no corresponde ninguna indemnización ni procedimiento expropiatorio con cargo a fondos públicos.
Con la nueva resolución, el Ayuntamiento concede a la propiedad un plazo máximo e improrrogable de dos meses para formalizar la escritura pública de cesión gratuita de la finca a favor del municipio.
Desde el equipo de gobierno destacan que esta medida permitirá regularizar definitivamente una situación urbanística enquistada desde hace 17 años y mejorar la movilidad urbana del entorno, incorporando un nuevo espacio público sin impacto económico para las arcas municipales.
