En las últimas semanas, varios titulares han encendido la polémica: ayuntamientos y empresas públicas de distintas comunidades han contratado los servicios de detectives privados para investigar casos de absentismo laboral entre sus empleados. Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos sindicatos hablan de “vigilancia encubierta”, de “falta de confianza”, incluso de “persecución al trabajador público”. Pero, ¿de verdad estamos ante un abuso… o ante un ejercicio legítimo de transparencia?
Le voy a dar una pista. Quien escribe estas líneas es detective privado, así que la postura adoptada no le sorprenderá: auditar el rendimiento de la función pública debería ser un derecho de la ciudadanía y obligación de la Administración. Y cuando el absentismo alcanza niveles que comprometen el servicio o encarecen el gasto público, ese control deja de ser una opción para convertirse en una obligación moral y económica.
El fenómeno del absentismo no es nuevo, pero su crecimiento en los últimos años ha alcanzado cifras preocupantes. En la empresa privada, el control de las bajas laborales injustificadas mediante detectives se ha normalizado como una herramienta de verificación, siempre dentro de los límites legales y del respeto a la intimidad. Se trata, al fin y al cabo, de garantizar que los recursos —tiempo, dinero y esfuerzo— se utilicen de forma responsable. ¿Por qué, entonces, cuando el empleador es público y los fondos son de todos, ese mismo control genera escándalo?
El doble rasero es evidente. La empresa privada vela por su sostenibilidad y eficiencia; el sector público debería hacerlo por su ejemplaridad y por la buena gestión del dinero común. Si un ciudadano paga impuestos, tiene derecho a exigir que su contribución no se desperdicie en sueldos de empleados que no cumplen con su función. No hablamos de criminalizar al trabajador público —la inmensa mayoría cumple con rigor y vocación—, sino de prevenir abusos que minan la confianza en las instituciones y degradan el valor del servicio público.
De hecho, y ante esa maledicencia que equipara el trabajo del detective privado con una criminalización (idea más que extendida entre empleados por cuenta ajena), un caso real a modo de ejemplo. Una empresa nos contrató para verificar el desarrollo de la actividad laboral de una persona, concretamente un encargado de obra (sindicalista por cierto). Jamás he visto una persona con mayor talento para no hacer nada, pareciendo que lo hace. Absolutamente admirable. Tanto, que uno de sus compañeros (uno que sí cumplía al 120% con sus funciones) le llamó vehementemente la atención, hasta el punto de que el investigado trabajó la última media hora que le quedaba de turno como si lo llevara el diablo.
Atraído por la curiosidad, semanas más tarde pasé de nuevo por el lugar. El “trabajador” investigado ya no estaba en el lugar, y quien ocupa su lugar como encargado de obra, era quien le recriminó su falta de actividad. El detective, independientemente de quien resulte afectado, no caza a nadie ni condiciona la investigación, plasma unos hechos investigados que posteriormente valoran los servicios jurídicos o de recursos humanos de la entidad contratante, y potencialmente, un juez. Las consecuencias del informe, no las establece el investigador, sino el propio investigado con sus acciones.
En un momento en que la eficiencia del sector público se ha convertido en una prioridad para la economía balear, esta herramienta no debería verse como una intromisión, sino como parte de una cultura de la responsabilidad. El contribuyente que paga impuestos cada mes merece la tranquilidad de saber que su dinero no financia abusos ni ausencias injustificadas. Y el trabajador público honesto —que es la mayoría— también debería verlo con buenos ojos: cada caso de absentismo fraudulento ensucia la imagen del conjunto y desvaloriza su esfuerzo diario.
El verdadero debate, entonces, no debería ser si los ayuntamientos o administración púbicas pueden contratar detectives, sino por qué no lo hacen más a menudo. Controlar no es desconfiar, sino gestionar con rigor lo que pertenece a todos. Si la administración exige transparencia al ciudadano, debe predicar con el ejemplo.
En definitiva, la polémica reciente revela una incomodidad cultural más que un problema legal. Nos cuesta aceptar que la función pública, igual que cualquier empresa, debe rendir cuentas. Pero la transparencia no se ejerce solo con declaraciones o auditorías contables: también con hechos, con controles efectivos y con voluntad de corregir desviaciones.
