El otro día, hablando con un comerciante de toda la vida en Palma, me dijo algo que se me quedó grabado. No era una queja más. Era una frase de esas que resumen una realidad entera: “He tenido que quitar dos marcas porque las han metido en un centro comercial… y estoy pensando en cerrar”.
No hablaba de una mala campaña. No hablaba de una bajada puntual de ventas. Hablaba de algo mucho más profundo, de cómo las marcas concentran su distribución y de cómo, poco a poco, la tienda de calle deja de contar para las decisiones de las marcas. Y cuando eso pasa dos veces, tres, cuatro… lo que se pierde es el negocio.
Esto no va de nostalgia ni de romanticismo. Va de estructura económica. El pequeño comercio no compite en igualdad de condiciones. Nunca lo ha hecho. Pero hay una línea roja, cuando las decisiones públicas, inclinan todavía más la balanza hacia los grandes operadores, el resultado es previsible. Porque mientras una tienda lucha por mantener sus marcas, pagar su alquiler y sostener empleo local, otros tienen la capacidad de concentrar oferta, negociar condiciones globales y absorber demanda en cuestión de meses.
Y ahora, además, se abre un nuevo escenario. Se habla de simplificación, de agilizar, de facilitar transformaciones. Todo suena razonable. Nadie puede estar en contra de eliminar burocracia innecesaria. Pero conviene hacerse una pregunta muy sencilla: ¿simplificar para quién? Porque en la práctica, cuando se facilitan procesos en el ámbito comercial, quienes mejor pueden aprovechar esas herramientas son quienes tienen estructura, recursos y capacidad de ejecución rápida. Es decir, los grandes.
El problema no es la simplificación. El problema es cuando esa simplificación no distingue entre realidades completamente distintas. No es lo mismo adaptar un pequeño local que reorganizar miles de metros cuadrados de superficie comercial. No es lo mismo una tienda que vive del día a día que un operador que planifica a escala territorial. Y sin embargo, muchas veces las normas se diseñan como si todos fueran iguales. Y no lo son.
El resultado es que, sin necesidad de abrir nuevos espacios, se puede crecer, reconfigurar, ampliar, concentrar oferta. Y cada uno de esos movimientos tiene un efecto directo en la calle, menos marcas disponibles para el comercio urbano, menos atractivo, menos tráfico, menos viabilidad. Hasta que alguien dice lo que me dijo ese comerciante, “estoy pensando en cerrar”.
Aquí es donde los responsables públicos tienen que parar un momento. No para frenar el desarrollo ni para demonizar a nadie, sino para entender que cada decisión tiene consecuencias en el tejido que sostiene la ciudad. El comercio de proximidad no es solo una actividad económica. Es empleo, es vida en las calles, es seguridad, es identidad urbana. Cuando desaparece, no se sustituye fácilmente. Y cuando se debilita, el daño es acumulativo.
Por eso, antes de impulsar cualquier cambio, cualquier norma, cualquier medida que afecte al modelo comercial, hay que hacerse otra pregunta igual de sencilla: ¿esto ayuda a mantener el equilibrio o lo rompe un poco más? Porque si no se escucha a quien está detrás del mostrador, si no se tiene en cuenta lo que está pasando ya en la calle, el riesgo es claro. Que un día no sea un comerciante el que lo diga en voz baja. Que sean muchos. Y que ya sea demasiado tarde.
