Seis meses después del “cero energético”, aquel apagón histórico que dejó en evidencia las costuras del sistema eléctrico español, por fin sabemos quién va a pagar el sobrecoste del modo de operación reforzado que Red Eléctrica ha implantado desde entonces. No serán las grandes compañías eléctricas, ni mucho menos el Estado. Serán, una vez más, los clientes. Usted y yo.
Desde el famoso apagón, el sistema eléctrico español funciona bajo un régimen “intervenido”, se limita la entrada de energías renovables para garantizar la estabilidad del suministro. Es decir, se quema más gas y más carbón para compensar los picos de generación solar y eólica.
Dicen que el apagón se no se produjo por un exceso de renovables y la “solución” ha sido restringirlas ¿Cuál fue la causa del apagón? Hasta hace poco, ese ajuste apenas se notaba en el recibo de la luz. Pero ya se acabó la tregua. Justo al cumplirse medio año del incidente, Iberdrola reconoció públicamente, según comunicó la propia compañía en su presentación de resultados, que trasladará a sus clientes el 70% del sobrecoste en 2026.
Solo entre marzo y septiembre, el impacto de este modo de operación reforzado le ha costado 180 millones de euros a Iberdrola, y el conjunto del sector supera los 730 millones. Las eléctricas han quemado más combustibles fósiles para compensar las renovables y ahora nos van a hacer pagar esa factura.
En mi opinión, no se trata de un mercado libre donde el consumidor pueda elegir. Esto es muy parecido un cártel perfectamente engrasado. Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol Energía… comparten el pastel y lo trocean según conviene. En mi opinión existe, en la práctica, un oligopolio muy protegido por la actual regulación, donde las mismas empresas que controlan la generación, controlan también la distribución y parte de la comercialización.
Mientras tanto, el Gobierno se felicita. El presidente Sánchez, en su última visita a Reino Unido, llegó a decir que “desde que él gobierna, el precio de la luz ha bajado”. Puede que, en su factura personal, sí. Pero millones de españoles han visto cómo su recibo sube un 30% respecto al año pasado. El problema no es nuevo, pero el apagón lo ha hecho más visible. Vivimos en economías cartelizadas, donde la competencia se disfraza de color verde y las compañías se llenan la boca de sostenibilidad mientras incrementan sus márgenes.
Si las pérdidas las asumirían los accionistas, como en cualquier empresa normal. Pero aquí, cuando hay beneficios, se privatizan; y cuando hay pérdidas, se socializan. La factura de la luz es el espejo de un sistema que funciona al revés, más impuestos, más peajes, más costes regulados… y menos control ciudadano. Cada vez que se nos dice que “el mercado se regula solo”, convendría recordar que en este país el mercado eléctrico se regula, sí, pero a favor de los mismos de siempre.
