Durante demasiado tiempo, en las Illes Balears hemos visto cómo proyectos estratégicos, inversiones, infraestructuras o iniciativas empresariales quedaban atrapados en un laberinto administrativo que demasiadas veces terminaba ahuyentándolos por agotamiento.
No era un problema de falta de talento. Ni de falta de inversión. Ni siquiera de falta de voluntad política. Era, sobre todo, un problema de tiempos. Y en una economía que compite por atraer inversión, innovación y oportunidades, el tiempo también es un factor de competitividad.
Por eso la aprobación de la Ley 4/2026 de medidas para acelerar proyectos estratégicos y simplificar la Administración representa mucho más que una reforma administrativa. Es una decisión política sobre el modelo de comunidad que queremos construir.
Las Illes Balears necesitan seguir transformando su economía. Necesitan diversificarla, generar empleo de mayor valor añadido, impulsar la innovación, atraer sectores emergentes y fortalecer aquellos que ya son estratégicos. Pero esa transformación no puede hacerse con una Administración pensada para otra época.
El control administrativo tiene una función imprescindible: garantizar la legalidad, la transparencia y el interés general. Pero cuando un expediente pasa más tiempo desplazándose entre departamentos que resolviendo problemas reales, la Administración deja de servir a los ciudadanos para convertirse en una carga.
Simplificar no significa eliminar garantías. Significa eliminar duplicidades, coordinar mejor, reducir tiempos muertos y hacer compatible el rigor con la eficacia. En definitiva, gobernar mejor.
Con esta ley damos un paso decisivo en esa dirección. Por primera vez, las Illes Balears cuentan con un marco único para impulsar proyectos estratégicos y con una Unidad Aceleradora que acompañará su tramitación desde el primer momento, coordinando administraciones, anticipando obstáculos y evitando que la burocracia vuelva a convertirse en el principal enemigo del progreso.
El mensaje es claro: la Administración debe ser un aliado exigente, no un obstáculo permanente.
Pero esta ley también mira hacia dentro de la propia Administración. Porque acelerar no solo significa facilitar la inversión privada. Significa también que una escuela, un centro sanitario o una infraestructura hidráulica puedan ejecutarse antes. Significa que los ciudadanos reciban antes los servicios que necesitan. Significa que las prioridades políticas no queden enterradas bajo una montaña de trámites.
La simplificación administrativa es, en realidad, una política económica y también una política social. Cada licencia que se resuelve antes, cada procedimiento que se unifica, cada duplicidad que desaparece y cada proyecto que deja de eternizarse generan confianza. Y la confianza es uno de los activos más valiosos que puede ofrecer un territorio.
Las economías más dinámicas no son únicamente las que disponen de más recursos. Son las que ofrecen estabilidad, seguridad jurídica y capacidad para convertir las decisiones en hechos.
Ese es precisamente el objetivo de esta ley: que las Illes Balears sean un territorio donde las oportunidades no se pierdan entre expedientes; donde la Administración acompañe en lugar de bloquear; donde las inversiones encuentren seguridad y los ciudadanos respuestas.
Transformar nuestro modelo económico exige ambición, pero también instituciones capaces de estar a la altura. Esta ley nace con esa vocación: la de construir una Administración más moderna, más útil y más eficaz. Porque las Illes Balears no es una tierra que haya nacido para ser espectadora de los cambios que transforman nuestro a día a día, sino para liderarlos. Y el Govern siempre pondrá todas las herramientas a nuestro alcance para conseguir este objetivo.
