Entra en vigor la nueva Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears (BOIB de 13 de diciembre de 2024).
Esta ley consolida y simplifica el procedimiento de legalización extraordinaria de edificaciones, construcciones, instalaciones y usos existentes en suelo rústico, respecto de los cuales haya prescrito el derecho de la administración a exigir el restablecimiento de la legalidad urbanística. Es decir, donde ya no procede sanción ni demolición de ningún tipo.
Asimismo, otro punto que ha pasado más desapercibido, y no por ello menos importante, es la modificación del artículo 129 de la LUIB, que regula las edificaciones y construcciones inadecuadas y fuera de ordenación. Esta modificación afecta tanto a suelo rústico como urbano.
Hasta ahora, contábamos con una de las normativas más duras y estrictas de todo el estado español respecto a la situación de construcciones ilegales cuya infracción había prescrito. Este régimen de fuera de ordenación implicaba que aunque la administración no podía sancionar ni ordenar la demolición de esas construcciones, no se permitía realizar ningún tipo de obra sobre la parte ilegal. El objetivo de la norma era obvio, que estas construcciones ilegales desaparecieran con el paso del tiempo al no poder ser reparadas.
Sin embargo, con la entrada en vigor de esta nueva ley 7/2024, se ha modificado el régimen aplicable para este tipo de construcciones y, ahora, se permiten obras de reparación por motivos de salubridad pública, seguridad o higiene de las personas que las usan o residen en ellas.
Aunque resulte contradictorio, en estos momentos, cualquier construcción ilegal, que se encuentre en suelo urbano o rústico (también de máxima protección), sobre la que ya no proceda la adopción de medidas de restablecimiento como consecuencia de la prescripción de la infracción, la ley les otorga una segunda oportunidad al poder ser reparadas y mantenidas legalmente.
Sea como fuere, se trata de una gran oportunidad para los propietarios de este tipo de construcciones, pues es probable que en el futuro el legislador acabe retomando la redacción anterior e imposibilitando su continuidad en el tiempo.
