Durante años, hablar de licencias urbanísticas en Baleares ha sido hablar de espera. Expedientes bloqueados, inversiones paralizadas y proyectos de vida congelados. El sistema actual de concesión de licencias ha colapsado. No es una opinión, es un hecho. Empresarios que no pueden abrir un negocio, promotores que no arrancan obras, familias que no pueden construir su vivienda. Todo ello en un contexto donde la falta de vivienda es uno de los principales problemas que afronta nuestra sociedad.
El diagnóstico es evidente: la administración no tiene capacidad suficiente para gestionar el volumen y la complejidad del urbanismo actual. Como respuesta a semejante caos urbanístico, aparecen las Entidades Privadas de Certificación Urbanística (EPCU). Estas entidades tienen como función, revisar proyectos y certificar que cumplen la normativa para que el ayuntamiento los bendiga con la concesión de la correspondiente licencia de obras municipal. Eso sí, previo pago. Es cierto que este tipo de modelo genera dudas. Se habla de desigualdad o de una “vía rápida” para quien puede pagar. Es un debate totalmente lógico y legítimo. Pero también hay un dato que no se puede ignorar: la actual situación de concesión de licencias en 2-3 años es insostenible y con esta nueva fórmula ya estamos viendo licencias concedidas en menos de tres meses.
Este sistema no es exclusivo de Baleares. Otras comunidades autónomas están avanzando hacia modelos similares de colaboración público-privada. El principal ejemplo es Madrid. Aunque parezca una solución radical, conviene recordar que la licencia sigue siendo del ayuntamiento. La decisión sigue siendo pública y la responsabilidad, también.
No obstante, es cierto que las entidades de certificación responderán por los daños y perjuicios que puedan ocasionar a las administraciones públicas derivados de cualquier error o negligencia. Además se les exigen cuantiosas pólizas de seguro para responder por esos eventuales daños. A todo esto, en un corto-medio plazo se sumará un factor clave: la inteligencia artificial.
La tramitación urbanística implica revisar normativa, validar documentación y comprobar parámetros técnicos. Muchas de estas tareas son automatizables. La combinación de colaboración público-privada y tecnología puede reducir drásticamente los tiempos. Lo que hoy tarda años, puede pasar a resolverse en meses o incluso unas pocas semanas.
Sin embargo, estas transformaciones abren numerosas incógnitas: ¿la externalización de servicios públicos implicará una reducción de los impuestos y tasas municipales vinculados a la concesión de licencias de obras? ¿Provocará una disminución de las plantillas de funcionarios en los departamentos de urbanismo? Es evidente que estamos ante el inicio de un cambio de paradigma. Lo cierto es que por primera vez en mucho tiempo, resulta razonable pensar que el colapso urbanístico podría empezar a quedar atrás.
