Una de las modificaciones más relevantes de la denominada Ley Ómnibus de Baleares ha pasado prácticamente desapercibida, pero tendrá un impacto directo en los procedimientos de legalización extraordinaria de edificaciones en suelo rústico.
Hasta ahora, si la Administración no resolvía la solicitud dentro del plazo legal, el silencio administrativo podía favorecer al interesado. Con la reforma, esto cambia por completo.
A partir de ahora, el silencio administrativo será negativo. ¿Qué implica este cambio?
Muy sencillo: si la Administración no dicta una resolución en plazo, la solicitud ya no se entenderá estimada, sino desestimada. En consecuencia, el propietario deberá recurrir esa desestimación presunta si quiere continuar defendiendo la viabilidad de su expediente.
Este cambio refuerza la importancia de presentar una solicitud técnicamente impecable desde el primer momento. Ya no basta con esperar a que transcurra el plazo legal. Será fundamental preparar una estrategia jurídica sólida y realizar un seguimiento constante del procedimiento administrativo.
Aun así, aunque el expediente pueda entenderse desestimado por silencio, la Administración continúa obligada a pronunciarse expresamente sobre la solicitud presentada. El plazo de resolución depende de la capacidad y eficacia del ayuntamiento donde se solicite la correspondiente licencia.
La finalidad de esta modificación parece clara, evitar que actuaciones con relevancia urbanística puedan quedar legalizadas como consecuencia de la inactividad administrativa. Sin embargo, la eficacia de la reforma dependerá también de que las administraciones competentes dispongan de medios suficientes para resolver los expedientes dentro de los plazos marcados por la ley.
Una vez más, es el ciudadano quien paga las consecuencias derivadas de la demora administrativa.
Sin duda, estamos ante una de las modificaciones más relevantes introducidas por la Ley 4/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears y de otras medidas de simplificación y racionalización administrativas. Un cambio que obligará a replantear la estrategia en este tipo de procedimientos y que condicionará el futuro de muchas legalizaciones en Baleares.
