La solución al problema de acceso a la vivienda no puede pasar por construir en suelo rústico, sino por activar de forma inmediata los proyectos de vivienda plurifamiliar que ya se encuentran en tramitación y sobre suelo urbano. Miles de viviendas podrían comenzar a construirse si se agilizara la concesión de licencias que hoy están atascadas en procedimientos burocráticos obscenos.
Para desbloquear esta situación hiperburocrática, es imprescindible declarar la emergencia habitacional convirtiendo en prioritarios todos los proyectos de vivienda plurifamiliar que cumplen con la normativa urbanística municipal. Esto permitiría establecer auténticos plazos máximos de resolución en 2 o 3 meses, puesto que estos proyectos se tramitarían de manera urgente frente al resto, asegurando una respuesta administrativa casi inmediata. Aquí incluyo a los organismos encargados de emitir informes sectoriales.
Otra opción contundente sería implantar un modelo de control posterior, similar a la declaración responsable, que permita a los promotores iniciar las obras de inmediato, con la obligación de cumplir todos los requisitos técnicos y urbanísticos bajo supervisión posterior. No olvidemos que los proyectos los redactan arquitectos y son profesionales especializados. Este cambio de paradigma en ningún caso puede suponer un descontrol urbanístico, pues cualquier incumplimiento normativo seguirá teniendo consecuencias. El orden de los factores no altera el producto.
Este cambio en la gestión permitiría acelerar la oferta de vivienda asequible en zonas donde ya existe infraestructura, servicios públicos y demanda real, sin necesidad de consumir más territorio virgen o en situación rural.
Construir en suelo rústico no solo es ineficiente como solución habitacional, sino que además genera un parque de vivienda exclusivo y disperso, inaccesible para la mayoría de la población. Las viviendas que surgen en este tipo de suelo son, en su mayoría, de lujo, diseñadas para usos recreativos o de segunda residencia, y no aportan una solución estructural al problema de la vivienda.
Además, fomentar la edificación en suelo rústico supone un riesgo añadido de desorden territorial, incremento de los costes de servicios públicos, y pérdida de espacios agrarios o naturales. A largo plazo, esto perjudica tanto al medio ambiente como a la propia calidad de vida de los residentes.
La verdadera solución está en optimizar lo ya planificado sobre suelo urbano. Activar los proyectos plurifamiliares previstos, darles prioridad administrativa y facilitar su construcción inmediata es el camino más rápido y eficaz para generar vivienda asequible, así como para contener la escalada de precios que nos ocupa.
