El Govern de Marga Prohens ha desatado un intenso debate en Baleares tras la presentación de un conjunto de medidas dirigidas a frenar la saturación turística.
Estas iniciativas, que incluyen un incremento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), restricciones al alquiler vacacional, un nuevo impuesto a los vehículos foráneos y un endurecimiento de las sanciones contra la oferta turística ilegal, han provocado el rechazo de las principales patronales del sector. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos (Baleval), entre otras, han alzado la voz contra unas medidas que consideran excesivamente restrictivas y perjudiciales para la economía balear.
Uno de los puntos más controvertidos es el aumento del Impuesto de Turismo Sostenible, también conocido como ecotasa. El Govern propone elevar esta tasa hasta en un 200% durante los meses de mayor afluencia turística, lo que se traduciría en un coste de hasta seis euros por noche para los turistas que se alojen en hoteles de alta gama. Además, los cruceristas, que actualmente pagan dos euros por jornada, podrían ver este tributo triplicado.
Esta decisión, según el Ejecutivo autonómico, busca desincentivar el turismo masivo y generar ingresos adicionales para la conservación del entorno. Sin embargo, los hoteleros alertan de que este incremento podría restar competitividad a Baleares frente a otros destinos mediterráneos como Turquía o Grecia, donde los impuestos turísticos son menores. Desde la FEHM insisten en que la medida podría provocar un descenso en las reservas, especialmente entre el turismo familiar y los visitantes de poder adquisitivo medio.
Otra de las propuestas que han levantado ampollas es la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en edificios de viviendas plurifamiliares. La presidenta Prohens argumenta que esta decisión es clave para aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario, ya que el auge del alquiler vacacional ha disparado los precios de la vivienda, dificultando el acceso a un hogar para los residentes.
No obstante, desde CAEB y las asociaciones de propietarios de alquiler vacacional consideran que esta restricción supone una amenaza para la economía de muchas familias que dependen de estos ingresos. Además, sostienen que el problema del acceso a la vivienda no puede achacarse únicamente al turismo y que deberían abordarse cuestiones estructurales como la falta de oferta de vivienda pública o la regulación del mercado inmobiliario.
El tercer gran frente abierto es la implantación de un nuevo impuesto a los vehículos matriculados fuera de Baleares, una medida que busca reducir la saturación del tráfico y fomentar un modelo de movilidad sostenible.
El tributo, que oscilará entre los 35 y los 150 euros según el tipo de vehículo y la duración de la estancia, afectará especialmente a las empresas de alquiler de coches y a los turistas que lleguen con sus propios automóviles desde la península. Baleval, la patronal del sector, ha criticado duramente la iniciativa, calificándola de injusta y discriminatoria. Argumentan que este impuesto encarecerá el precio del alquiler de vehículos y podría repercutir en una menor demanda, afectando directamente a la rentabilidad de las empresas del sector.
Por último, el Govern ha anunciado un endurecimiento de las sanciones contra la oferta turística ilegal. Se plantea incrementar las multas hasta los 500.000 euros para aquellos propietarios que alquilen viviendas sin licencia y se exigirá a las plataformas de alquiler vacacional una mayor responsabilidad en la verificación de los anuncios publicados. La medida ha sido bien recibida por algunos sectores que denuncian la competencia desleal, pero también ha generado preocupación entre pequeños propietarios que alegan falta de claridad en la regulación y temen verse afectados por sanciones desproporcionadas.
En este contexto de tensión, la presidenta Marga Prohens defiende que su gobierno está comprometido con un modelo turístico más sostenible y con la mejora de la calidad de vida de los residentes. Asegura que estas medidas no buscan perjudicar al sector, sino garantizar que Baleares siga siendo un destino atractivo a largo plazo, sin caer en la sobresaturación.
No obstante, el rechazo frontal de las patronales pone de manifiesto el difícil equilibrio entre la necesidad de regular el turismo y la dependencia económica de este sector. En las próximas semanas, el debate seguirá abierto y el Govern tendrá que negociar con los distintos actores implicados para intentar alcanzar un consenso que permita mitigar la saturación sin poner en riesgo la principal fuente de riqueza de las islas.
