El Govern balear ha dado un nuevo paso en su estrategia para combatir la economía sumergida en sectores clave como el turismo, el transporte, la actividad marítima y el comercio. Durante la segunda reunión de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo, el Ejecutivo autonómico presentó nuevas medidas para intensificar el control de la oferta turística ilegal, uno de los principales focos de preocupación para el sector.
La principal novedad será la incorporación de multas coercitivas diarias de entre 500 y 5.000 euros para aquellos propietarios que continúen comercializando alojamientos turísticos ilegales después de haber sido requeridos por la inspección. Además, en los casos de reincidencia, los expedientes podrán trasladarse a la Fiscalía por un posible delito de desobediencia.
Con esta medida, el Govern pretende evitar que los infractores continúen obteniendo beneficios económicos mientras se tramitan los procedimientos sancionadores, un aspecto que el sector venía reclamando desde hace tiempo.
Otra de las novedades afecta a la seguridad jurídica de los establecimientos turísticos reglados. La modificación de la Ley de Turismo permitirá que hoteles, apartamentos turísticos y otros alojamientos autorizados puedan solicitar la intervención inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en casos de ocupación ilegal o cuando se detecten usos residenciales que desvirtúen la actividad turística autorizada.
El objetivo es ofrecer una respuesta más rápida ante situaciones que afectan a la actividad empresarial y reforzar la protección de los operadores que cumplen la normativa.
El Govern también ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo protocolo de coordinación entre las policías locales de Ibiza y los servicios de inspección turística del Consell Insular.
Gracias a este sistema, las intervenciones policiales motivadas por denuncias vecinales, molestias o incidencias podrán convertirse también en actuaciones de inspección turística cuando existan indicios de alquiler vacacional ilegal, reforzando así la colaboración entre administraciones.
Estas actuaciones se suman a otras ya adoptadas durante la legislatura, como la prohibición de crear nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares, el aumento de las sanciones hasta los 500.000 euros para las infracciones más graves, la corresponsabilidad de las plataformas digitales en la comercialización de alojamientos ilegales o los incentivos para destinar al alquiler residencial viviendas retiradas del mercado turístico.
La reunión sirvió además para hacer balance de las actuaciones en otros sectores económicos. En materia de transporte terrestre, el Govern confirmó la creación de un grupo de trabajo permanente entre las distintas administraciones para reforzar la coordinación en la lucha contra el transporte ilegal y mejorar la formación de los inspectores y agentes implicados.
Más inspecciones contra el alquiler irregular de embarcaciones
En el ámbito marítimo, la Conselleria del Mar destacó el refuerzo de los dispositivos de vigilancia del litoral mediante una flota de 22 embarcaciones gestionadas por Ports IB.
La actividad inspectora también se ha intensificado contra el alquiler irregular de embarcaciones. Durante 2025 se tramitaron 162 expedientes sancionadores, con propuestas de sanción superiores a 471.600 euros. En lo que va de este año ya se han iniciado otros 39 expedientes, mientras que alrededor de 70 actuaciones adicionales se encuentran pendientes de incoación.
Asimismo, la Administración ha solicitado la retirada de anuncios irregulares de alquiler turístico y de embarcaciones publicados en distintas plataformas digitales.
El comercio reclama mayor coordinación contra el 'top manta'
En el sector comercial, el Govern ha abierto una vía de colaboración permanente con las principales patronales del comercio balear —AFEDECO, PIMECO y la Confederación Balear de Comercio— para coordinar actuaciones frente a la venta ambulante ilegal y el denominado top manta.
La iniciativa busca compartir información, analizar la evolución del fenómeno y diseñar medidas conjuntas para proteger al comercio de proximidad frente a la competencia desleal.
Con estas actuaciones, el Ejecutivo balear continúa reforzando su estrategia para reducir el intrusismo en actividades consideradas estratégicas para la economía de las Islas, especialmente en un momento de máxima actividad turística.
