El debate sobre los cruceros en Palma ha dado un giro desde el foco ambiental al impacto económico real. Un total de 44 entidades —entre asociaciones y empresas— se concentraron este lunes en la plaza de Cort para mostrar su rechazo a la intención del Ayuntamiento de profundizar en las restricciones a la llegada de buques. La movilización, impulsada por la Plataforma Sí als Creuers, sumó el respaldo explícito de PIMEM y PIMECO, que reclamaron “gestión responsable y estabilidad normativa” frente a medidas que, aseguran, penalizan a un sector en plena transición tecnológica.
Lejos del “marketing verde”, la Plataforma defendió que la industria del crucero se ha convertido en un banco de pruebas del Mediterráneo para cumplir con normativas internacionales de control de emisiones. Su portavoz, Álex Fraile, subrayó que muchas de las escalas actuales ya operan con gas natural licuado (GNL) y que la siguiente frontera es la electrificación de muelles. “Hablamos de inversiones multimillonarias y de barcos preparados para apagar motores en puerto; ahora hace falta que los puertos aceleren”, afirmó, reclamando coordinación entre administraciones y Autoridad Portuaria.
El argumento económico vertebra el mensaje de la Plataforma: el crucero como herramienta de desestacionalización. “No es solo sol y playa”, insistió Fraile, aludiendo a un perfil de visitante de clase media-alta interesado en cultura y gastronomía fuera de temporada. Un flujo que sostiene guías, transporte discrecional, taxis, agencias, restauración y comercio cuando el resto del turismo se ralentiza.
En paralelo, los convocantes recordaron que el clima social ha cambiado. El acuerdo de limitación a tres cruceros diarios ha reducido escalas y pasajeros y se está cumpliendo “de forma estricta”, lo que ha rebajado la conflictividad. “Prohibir sin alternativa es peligroso para el empleo local; ahora existe una oportunidad para la colaboración público-privada”, defendió Fraile.
Tres peticiones al Govern
Para consolidar el modelo, la Plataforma planteó tres demandas al Govern balear: comunicar con transparencia los datos de reducción de emisiones; invertir el Impuesto de Turismo Sostenible en la electrificación de muelles —recordando que los cruceros pagan ecotasa sin pernoctar—; y gestionar los flujos con tecnología para evitar concentraciones simultáneas.
Desde PIMEM, su presidente Jordi Mora fue contundente: “Ir contra este sector vuelve a ser un error. Ha entendido mejor que nadie el camino hacia la sostenibilidad”. Mora pidió respetar los acuerdos alcanzados y aplicar políticas de contención “de forma transversal”, sin señalar a un solo actor.
Por su parte, la presidenta de PIMECO y vicepresidenta de PIMEM, Carolina Domingo, destacó el papel del crucero en el dinamismo comercial de Palma durante los meses de invierno. “La reducción de escalas tiene un impacto inmediato en el pequeño y mediano comercio”, advirtió, recordando que el efecto se extiende a otros municipios de la isla y a los mercados del interior. Su mensaje fue claro: estabilidad y un respaldo institucional que garantice una gestión responsable sin poner en riesgo el sustento de miles de familias.
Con el consenso sobre límites ya en marcha, el sector reclama ahora pasar página: menos confrontación y más planificación. Para empresarios y comerciantes, el debate ya no es si cruceros sí o no, sino cómo integrarlos en una estrategia económica que mantenga actividad, empleo e inversión durante todo el año.
